La fiscal regional de Toluca, María Elena Corral Huitrón, ha estado notablemente ausente de su despacho en la sede central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) durante más de un mes, mientras sigue cobrando su salario sin interrupciones.
Aunque su secretaria afirma que “anda en campo”, lo que no se dice abiertamente es que ese “campo” no tiene relación con sus funciones como fiscal, sino con su activismo electoral. Y es que Corral Huitrón se encuentra haciendo campaña para convertirse en magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, aprovechando el nuevo proceso electoral que se llevará a cabo el 1 de junio, en el que por primera vez se votará para elegir a personas juzgadoras adscritas al Poder Judicial de la Federación y del Estado de México.
Una funcionaria pública en campaña… sin licencia
Lo más preocupante del caso no es solo su ausencia prolongada, sino el hecho de que no ha solicitado licencia al cargo ni ha dejado de percibir su salario como fiscal. Es decir, mientras se dedica a actividades político-electorales, sigue recibiendo puntualmente su quincena pagada con recursos públicos. Esta situación no solo genera cuestionamientos éticos, sino también legales.
¿Cómo puede una funcionaria que no cumple con su obligación básica de presentarse a trabajar aspirar a una posición que implica sancionar precisamente ese tipo de conductas? Resulta paradójico que Corral Huitrón aspire a juzgar a quienes falten a sus deberes, mientras ella misma incurre en una omisión grave de los suyos.
¿Ejemplo de impunidad?
El caso de María Elena Corral Huitrón retrata de cuerpo entero uno de los grandes males de la administración pública mexicana: la impunidad dentro del poder. No solo abandona su oficina sin explicación formal, sino que lo hace para buscar una promoción personal, utilizando su posición actual como trampolín político.
Además, en un momento en que la ciudadanía exige servidores públicos comprometidos y con vocación de servicio, su actitud demuestra un desdén absoluto por la responsabilidad institucional que juró cumplir.
¿Y la Fiscalía, qué dice?
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha guardado silencio sobre esta ausencia prolongada. No hay reportes de medidas internas, sanciones o investigaciones administrativas. La opacidad y la falta de transparencia solo refuerzan la percepción de que los altos funcionarios pueden actuar con total libertad, sin rendir cuentas a nadie.
¿Así pretende impartir justicia?
María Elena Corral Huitrón no ha dado explicaciones públicas ni ha demostrado respeto por la función que actualmente ocupa. Su candidatura a magistrada debería ser evaluada no solo por su experiencia, sino también por su ética, compromiso y respeto a la ley. Y en esos rubros, su comportamiento reciente deja mucho que desear.
La pregunta que queda en el aire es simple pero contundente: ¿merece una persona que abandona sus responsabilidades ser premiada con una magistratura?
Con información de: “Cuestión de Polémica”
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