Marisela Morales Ibáñez, ex Procuradora General de la República y aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha planteado la necesidad urgente de una reforma judicial en México para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales. Durante su entrevista con el Comité del Poder Legislativo, Morales destacó que el Poder Judicial debe establecer una mayor cercanía con la sociedad, un factor crucial para lograr una justicia más accesible y transparente.
El Rol Fundamental de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura
La reforma judicial propuesta por Marisela Morales Ibáñez se enmarca en un contexto en el que las instituciones como la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) juegan un papel clave en la administración de justicia en el país. Estas entidades no solo tienen la responsabilidad de velar por la correcta interpretación y aplicación de las leyes, sino que también deben garantizar que el sistema judicial sea confiable, eficiente y capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía.
En particular, la justicia electoral, un aspecto esencial dentro del sistema judicial mexicano, cumple con dos funciones fundamentales: pacificar y garantizar la democracia. En este sentido, la administración de justicia no solo tiene un impacto directo sobre los individuos involucrados en los procesos judiciales, sino que también influye en la estabilidad y legitimidad de las instituciones democráticas del país.
Propuesta de Reforma Judicial: Cercanía y Transparencia
La propuesta de Marisela Morales Ibáñez busca abordar varios de los desafíos estructurales que enfrenta el sistema judicial mexicano. Entre los principales puntos, se destaca la necesidad de mejorar la cercanía entre el Poder Judicial y la sociedad, un aspecto que, según la ex Procuradora, es esencial para restaurar la confianza pública en las instituciones judiciales. Para ello, se contempla el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, la modernización de los procesos judiciales y la mejora en la eficiencia de los tribunales.
Uno de los puntos clave que Morales subraya es la importancia de hacer más accesibles los procesos judiciales, tanto para los ciudadanos como para los profesionales del derecho. Esto podría implicar un mayor uso de tecnologías de la información para hacer más ágiles y transparentes los procedimientos, facilitando el acceso a la justicia y reduciendo tiempos de espera que, en muchas ocasiones, deslegitiman al sistema judicial.
La Viabilidad de la Reforma Judicial
Aunque las propuestas de Marisela Morales Ibáñez suponen una apertura a la discusión y una posible mejora en la administración de justicia en México, será fundamental esperar la presentación formal de sus detalles para evaluar su viabilidad. Si bien la cercanía y la transparencia son puntos comunes de mejora, la implementación de una reforma de este tipo requiere no solo la aceptación política y legislativa, sino también un cambio cultural dentro del sistema judicial.
La sociedad mexicana necesita saber cómo se planea abordar la gran carga de trabajo que enfrenta el sistema judicial, cómo se mejorarán las condiciones de los tribunales y qué medidas se tomarán para evitar la corrupción dentro de las instituciones judiciales. La propuesta de reforma, en caso de avanzar, podría ser un paso fundamental hacia la modernización del Poder Judicial y su reintegración como una institución confiable, accesible y cercana a la sociedad.
Marisela Morales Ibáñez, con su propuesta de reforma judicial, se une al debate sobre la necesidad de transformar el sistema judicial mexicano. Al centrar su enfoque en la cercanía social y la transparencia, la ex Procuradora resalta la urgencia de que el Poder Judicial evolucione para estar a la altura de las demandas de la ciudadanía. En los próximos meses, se espera conocer más detalles sobre su propuesta, lo que permitirá valorar su impacto y la posibilidad de que logre una reforma profunda y efectiva para México.
Con esta propuesta, Morales busca no solo mejorar la administración de justicia en el país, sino también restaurar la confianza del pueblo mexicano en las instituciones que deben garantizar el imperio de la ley.