En Ocoyoacac, Estado de México, hay una figura política controvertida que está dividido las opiniones dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se trata de Miguel Pichardo Escamilla, cuya designación como candidato a la presidencia municipal encendió el debate y puso en tela de juicio la transparencia y la ética política del partido. Este descontento no surge de la nada; detrás de Pichardo Escamilla hay un historial de acusaciones y procesos administrativos que hacen dudar de su idoneidad para el cargo.
Pichardo Escamilla no es nuevo en el ámbito de la administración pública. Su experiencia incluye dos periodos como Tesorero Municipal, uno en Los Reyes La Paz y otro en Nicolás Romero. Sin embargo, estos antecedentes están lejos de ser impecables. Durante su gestión, fue acusado de malos manejos financieros, una sombra que aún lo persigue. Actualmente, tiene 15 expedientes administrativos pendientes de aclaración ante el Órgano Superior de Fiscalización. Estas acusaciones no son menores: recursos financieros no comprobados, compras simuladas, adquisiciones realizadas a sobreprecio y el uso indebido de combustibles destinados exclusivamente a vehículos oficiales. La suma de estas irregularidades asciende a más de 230 millones de pesos, una cifra alarmante que cuestiona su capacidad para administrar el erario de Ocoyoacac de manera transparente y eficiente.
Además, la situación legal de Pichardo Escamilla complica aún más su candidatura. Se encuentra actualmente bajo una inhabilitación que varía entre 3 meses a un año, pendiente de resolución debido a que se amparó contra la misma. Esta circunstancia plantea serias dudas sobre la legalidad de su postulación y, lo que es más importante, sobre la integridad moral que se requiere para ocupar un cargo de tal envergadura.
La oposición interna dentro del PRI a la candidatura de Pichardo Escamilla no es solamente un reflejo de las preocupaciones éticas y legales que lo rodean, sino también un llamado a la reflexión sobre los valores y principios que deben guiar la selección de sus representantes. Este caso pone de manifiesto la necesidad imperante de transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, de una conducta intachable por parte de quienes aspiran a liderar las comunidades.
Ocoyoacac merece líderes comprometidos con el bienestar de sus habitantes, que puedan desempeñar sus funciones con integridad y dedicación. La controversia en torno a Miguel Pichardo Escamilla invita a los ciudadanos y a los miembros del PRI a reflexionar profundamente sobre el futuro político de su municipio y sobre los estándares éticos que deben exigir a sus candidatos. En tiempos donde la confianza en las instituciones se ve frecuentemente cuestionada, es crucial que los partidos políticos pongan en primer plano la transparencia y la ética como pilares de su actuación. La decisión del PRI en Ocoyoacac será, sin duda, un indicador clave de su compromiso con estos valores fundamentales.
