Presupuesto 2027 de Chile: Kast pide US$25,600 millones y recorta programas

El proyecto presupuestario de la administración de José Antonio Kast abrió un debate en Chile por la autorización de endeudamiento solicitada al Congreso y por la reducción o eliminación de recursos para distintas políticas públicas.

Santiago, Chile.— El proyecto de Presupuesto 2027 de Chile, presentado por el gobierno de José Antonio Kast, ya generó una intensa discusión en el Congreso debido a la combinación de una solicitud de autorización para endeudamiento de hasta 25 mil 600 millones de dólares y ajustes en programas de educación, cultura, ciencia, protección animal y políticas sociales.

La cifra de endeudamiento requiere una precisión: no significa que el gobierno vaya a contratar automáticamente US$25,600 millones de deuda nueva. El artículo presupuestario contempla una autorización máxima de US$25 mil millones, más otros US$600 millones, y considera obligaciones relacionadas con amortizaciones e intereses, además de las necesidades financieras del ejercicio. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido que se trata de endeudamiento bruto y no de un incremento equivalente de la deuda neta del país.

El proyecto contempla un gasto público que el Ejecutivo presenta como un crecimiento real de 1.5% respecto de la ejecución proyectada de 2026. Sin embargo, Quiroz reconoció que, si la comparación se realiza contra el presupuesto aprobado por el Congreso para 2026, el aumento alcanza 2.7%. Una minuta difundida posteriormente por el gobierno también utilizó una tercera metodología que arroja un crecimiento de 3.5%.

Cultura, ciencia y educación enfrentan ajustes

Uno de los cambios que más atención ha recibido corresponde al presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuya base comparable disminuye 10.1%, al pasar de aproximadamente 489 mil 899 millones de pesos a 440 mil 518 millones. Dentro de la partida aparecen reducciones importantes en actividades programáticas, inversión cultural y algunos fondos específicos.

Entre los programas afectados figura el Pase Cultural, cuyos recursos disminuirían 50.8%, mientras que el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura tendría una reducción de 17.6%. También se contempla una disminución para el Programa Sitios de Memoria.

En ciencia, el proyecto plantea una reducción de 7.4% en los recursos del ministerio, con ajustes que alcanzan programas relacionados con investigación, equipamiento científico, becas e incorporación de investigadores.

Otro de los puntos que generó mayor discusión es la continuidad de “Yo Elijo mi PC”, política incorporada a las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones de Junaeb. Durante 2026 fueron beneficiados 96 mil 100 estudiantes, mientras que el proyecto de presupuesto para 2027 no contempla una asignación explícita para continuar con la entrega de computadores bajo este esquema.

El gobierno ha argumentado que la decisión forma parte de una revisión de más de 600 programas públicos y que se detectaron problemas de efectividad e implementación. El Congreso, sin embargo, ya incorporó la continuidad de este beneficio entre los asuntos que deberán discutirse durante la tramitación presupuestaria.

También aparece un fuerte contraste en materia migratoria. El Servicio Nacional de Migraciones informó que los recursos para financiar expulsiones pasarían de 4 mil millones de pesos en 2026 a 11 mil 604 millones en 2027, un incremento de 190%. El organismo sostiene que el aumento busca garantizar la continuidad de las expulsiones judiciales y administrativas.

En protección animal, el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, asociado a la llamada Ley Cholito, pasaría de 3 mil 634 millones de pesos en 2026 a 514 millones en 2027, equivalente a una reducción cercana al 86%.

En materia de derechos de las personas trans, el proyecto no identifica de manera explícita recursos para el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) ni para el Programa de Salud Trans (PST). Organizaciones como Movilh han pedido al Ejecutivo y al Congreso aclarar si estos servicios recibirán financiamiento mediante otras partidas. El proyecto sí contempla una glosa de fiscalización sobre intervenciones de afirmación de género realizadas a menores de edad, lo que no equivale por sí mismo a una asignación presupuestaria para dichos programas.

La discusión de fondo: deuda, prioridades y sostenibilidad fiscal

El debate presupuestario no se limita a los programas que reciben más o menos dinero. La autorización de endeudamiento por US$25,600 millones se ha convertido en uno de los principales puntos de discusión entre el Ejecutivo y los legisladores.

El Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián señaló que la autorización solicitada para 2027 es 42.2% superior a los US$18 mil millones contemplados originalmente para 2026. No obstante, el análisis también advierte que una parte importante del endeudamiento está relacionada con el servicio de obligaciones financieras existentes.

De acuerdo con las proyecciones de la Dirección de Presupuestos, la deuda bruta del Gobierno Central se ubicaría en torno al 42.5% del PIB en 2027, mientras que el Ejecutivo mantiene como referencia prudencial un nivel de 45% del PIB.

Esto permite distinguir entre dos conceptos que pueden confundirse en el debate público: autorizar al gobierno a endeudarse hasta determinado límite no significa necesariamente incrementar la deuda pública en ese mismo monto. Parte de los recursos puede utilizarse para refinanciar o amortizar obligaciones que ya existen.

Al mismo tiempo, el proyecto muestra una discusión sobre las prioridades del gasto público. El gobierno de Kast sostiene que busca concentrar recursos en crecimiento, empleo, seguridad, salud, reconstrucción y protección de beneficios sociales, mientras distintos sectores políticos y sociales cuestionan la reducción de determinadas partidas.

El Presupuesto 2027 coloca a Chile frente a una discusión que va más allá de una cifra de endeudamiento: ¿cómo debe decidir un gobierno qué programas preservar, cuáles reducir y cuáles sustituir cuando busca contener el gasto público?

También resulta relevante observar qué ocurre durante la discusión parlamentaria. Un presupuesto no es únicamente el documento presentado por el Ejecutivo; todavía debe pasar por el Congreso y puede sufrir modificaciones antes de convertirse en la Ley de Presupuestos definitiva.

La pregunta para los lectores es: ¿qué debería pesar más al evaluar estos ajustes: el ahorro fiscal inmediato, la evidencia sobre la efectividad de cada programa o el impacto que su reducción puede tener en quienes dependen de ellos?

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