Las compañías inspeccionadas se ubican en Toluca, Lerma y Atlacomulco; autoridades buscan detectar descargas clandestinas y reducir la contaminación del afluente
Estado de México.— La estrategia para recuperar y sanear el río Lerma ya comenzó a generar acciones contra empresas que presuntamente incumplen las disposiciones ambientales. En una primera etapa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) inspeccionó alrededor de 10 compañías del Estado de México y todas presentaron algún tipo de irregularidad.
De acuerdo con información proporcionada por la dependencia, 10 empresas fueron suspendidas temporalmente para que corrijan los incumplimientos detectados durante las revisiones. Los establecimientos se encuentran principalmente en Toluca, Lerma y Atlacomulco, municipios ubicados dentro de una de las zonas industriales más importantes de la entidad.
Las inspecciones forman parte de un operativo que contempla revisar entre 20 y 25 empresas en esta primera fase.
¿Qué encontró PROFEPA en las empresas del río Lerma?
El encargado de PROFEPA en el Estado de México, Federico Ortiz Flores, explicó que las revisiones se realizan en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y parten de la identificación de puntos donde podrían existir descargas irregulares hacia el río.
Las autoridades revisan principalmente dos aspectos:
- El manejo y descarga de aguas residuales.
- La generación y disposición de residuos peligrosos.
En materia de aguas residuales, los inspectores verifican que las compañías cuenten con las autorizaciones correspondientes, que sus plantas de tratamiento funcionen adecuadamente y que no existan tuberías o salidas clandestinas.
También se analiza que las descargas respeten los límites máximos de contaminantes establecidos en las normas ambientales.
Empresas textiles y químicas, entre las inspeccionadas
Las compañías revisadas pertenecen principalmente a los sectores textil y químico, actividades que pueden generar residuos contaminantes cuando sus procesos industriales no cuentan con sistemas adecuados de tratamiento.
En la industria textil pueden encontrarse en las aguas residuales elementos como colorantes, sales, ácidos y determinados metales pesados utilizados durante los procesos de teñido.
En las empresas químicas, las descargas pueden contener sustancias como solventes, ácidos, aceites, grasas y metales pesados, además de otros compuestos que representan un riesgo ambiental cuando son liberados sin el tratamiento correspondiente.
La presencia de estos contaminantes puede afectar los ecosistemas acuáticos y representar riesgos para las comunidades ubicadas cerca de los cuerpos de agua.
¿Por qué las suspensiones son temporales?
Una de las particularidades del procedimiento es que las autoridades no necesariamente buscan cerrar de manera definitiva las actividades de las empresas que incumplen.
Cuando se detectan irregularidades, puede aplicarse una suspensión o clausura parcial, mientras la empresa recibe un plazo para corregir la situación y presentar la documentación requerida.
Generalmente, los establecimientos cuentan con un periodo de entre cinco y 15 días hábiles para entregar información corregida o acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas.
La lógica detrás de estas medidas es evitar que una clausura total de una descarga termine provocando un problema ambiental todavía mayor, por ejemplo, al dejar sin una alternativa de disposición a las aguas residuales generadas por una planta.
Hasta el momento, ninguna de las empresas revisadas en esta etapa ha recibido una suspensión definitiva.
La inspección se extenderá a municipios del río Lerma
La estrategia ambiental contempla ampliar las revisiones a los 43 municipios por los que atraviesa el río Lerma, con especial atención en el Valle de Toluca debido a la concentración de actividades industriales.
En esta región se encuentran más de 100 mil unidades económicas, desde pequeños negocios hasta grandes compañías de sectores como el automotriz, químico, farmacéutico, alimentario, agroindustrial y textil.
La coordinación entre Conagua y PROFEPA busca identificar los puntos donde existen posibles descargas clandestinas y determinar quiénes son los responsables.
Gobierno federal anuncia recursos para recuperar el Lerma
Las acciones de inspección forman parte de una estrategia de mayor alcance para la recuperación del sistema Lerma-Santiago.
En enero de 2026, el Gobierno de México informó que contempla una inversión superior a mil 350 millones de pesos para acciones de saneamiento y restauración del sistema, con una población beneficiaria estimada en más de 21 millones de personas.
Durante 2025, también se destinaron más de 408 millones de pesos a infraestructura para tratamiento de aguas, restauración ecológica, control de descargas y obras para disminuir riesgos de inundaciones.
La contaminación del río Lerma no es responsabilidad exclusiva de las empresas
Aunque las inspecciones se concentran en actividades industriales, las autoridades ambientales han señalado que el deterioro del río Lerma también está relacionado con los residuos que genera la población.
Durante jornadas de limpieza realizadas en la zona se han encontrado residuos sólidos urbanos, materiales de manejo especial y llantas, entre otros desechos.
Esto significa que el saneamiento del río enfrenta un desafío que va más allá de las descargas industriales: requiere también modificar prácticas de disposición de basura y fortalecer la participación de las comunidades.
El reto de recuperar el río Lerma
La suspensión temporal de 10 empresas representa una señal de que las autoridades buscan aumentar la vigilancia sobre las descargas que llegan al río Lerma. Sin embargo, el tamaño del problema plantea una pregunta más amplia:
¿Será suficiente sancionar a las empresas que incumplen o será necesario construir una estrategia permanente en la que autoridades, industrias y ciudadanos asuman su responsabilidad en la recuperación del río?
El saneamiento del Lerma no depende únicamente de clausuras o inversiones millonarias. También exige vigilancia constante, infraestructura, cumplimiento de las normas y participación social para evitar que los contaminantes vuelvan a terminar en uno de los principales afluentes del centro del país.
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