La reciente clausura de más de 20 pozos de agua en la capital mexiquense como parte del Operativo Caudal ha provocado una crisis en el suministro del vital líquido, afectando directamente a diversas purificadoras de agua que operaban legalmente en la zona.
Una de las afectadas es la purificadora “Natural”, ubicada entre la colonia Sánchez y el Sector Popular, la cual anunció mediante un comunicado en sus instalaciones el cierre temporal de operaciones.
El mensaje señala que la medida se debe a las restricciones impuestas por el Gobierno Federal, que limitó la extracción y distribución de agua potable a través de pipas, dejando a cientos de familias sin servicio.
Vecinos de la zona aseguran que esta purificadora ofrecía el garrafón de agua en 17 pesos, un precio considerablemente menor al de otras marcas comerciales que hoy alcanzan hasta 65 pesos por unidad.
Esta diferencia ha generado un impacto directo en la economía familiar, ya que muchos consumidores han tenido que recurrir a empresas privadas con costos más elevados para cubrir sus necesidades básicas.
Durante una conferencia de prensa, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, confirmó que el Operativo Caudal llevó a la intervención de 20 pozos dentro de la ciudad.
Reconoció que esta acción provocará desabasto temporal, pero aseguró que el gobierno local trabaja en habilitar fuentes alternas y distribuir agua mediante pipas municipales.
El alcalde exhortó a la población a no adquirir agua a sobreprecio ni a proveedores sin certificación, hasta que existan garantías sobre la procedencia y calidad del líquido.
El Operativo Caudal, implementado en 48 municipios del Estado de México, busca combatir la extracción clandestina de agua potable, práctica que por años ha afectado el equilibrio hídrico de la región y el suministro a la población.
Sin embargo, la medida también ha tenido efectos colaterales en negocios que dependían legalmente de pozos clausurados por su ubicación o conexión a redes ahora bajo investigación.
Mientras las autoridades estatales y federales regularizan la distribución del agua, las purificadoras locales permanecen en espera de una solución oficial que les permita reanudar operaciones.
La población, por su parte, exige transparencia y acciones inmediatas para evitar que la escasez del recurso siga afectando a las familias toluqueñas.
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