En medio de una investigación de alto impacto relacionada con presunto huachicol fiscal en México, el empresario Raúl Rocha Cantú, reconocido internacionalmente por su participación en la industria del entretenimiento y dueño de Miss Universo, ha salido a desmentir de forma categórica cualquier señalamiento que pretenda vincularlo con actividades ilícitas. Su postura busca frenar la ola de especulaciones mediáticas y reafirmar su compromiso con la legalidad.
Una postura firme: Rocha Cantú rechaza nexos con SEICSA
La defensa legal del empresario fue enfática: Rocha Cantú jamás ha tenido relación alguna con la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), señalada en investigaciones federales como parte de un entramado vinculado al tráfico ilegal de combustibles.
El comunicado detalla que Rocha Cantú no ha sido dueño, socio, representante legal ni ha sostenido relación comercial con dicha compañía. Esta declaración busca poner fin a versiones imprecisas que han circulado en torno a su nombre.
Asimismo, se aclaró que no existe vínculo alguno con Jorge Enrique Alberts Ponce, exapoderado de SEICSA y uno de los investigados por la Fiscalía General de la República (FGR). La defensa considera que estas asociaciones carecen de fundamento y responden más a interpretaciones externas que a pruebas concretas.
Un empresario colaborando con la justicia
Es importante subrayar que Rocha Cantú participa actualmente bajo un criterio de oportunidad con la FGR, lo que evidencia su disposición a colaborar con las autoridades y aportar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos.
Lejos de evadir responsabilidades o entorpecer el proceso, su postura ha sido la de cooperar, transparentar y deslindarse de cualquier acto ajeno a su actividad empresarial, lo cual fortalece su posición ante la opinión pública.
SEICSA y el caso Guaymas: contexto necesario
La empresa SEICSA se volvió mediáticamente relevante tras darse a conocer que fue contratada por la Secretaría de Marina para tareas de seguridad en el puerto de Guaymas, un punto estratégico donde presuntamente operaba una red de huachicol fiscal.
La compañía pertenece a Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien abandonó el país después de que se revelaran posibles irregularidades. Las autoridades mexicanas han solicitado una ficha roja para su captura.
Este contexto demuestra que las principales líneas de investigación recaen sobre personas y estructuras ajenas por completo a Rocha Cantú, quien ha reiterado que no tuvo ni tiene participación en estos esquemas.
La investigación de la FGR: acusaciones amplias, pero sin pruebas directas contra Rocha Cantú
La FGR imputó a 13 personas por delitos como delincuencia organizada, tráfico de armas, narcotráfico y huachicol. Entre los nombres mencionados de forma colateral aparece el de Rocha Cantú, aunque hasta el momento no existen pruebas públicas que lo vinculen directamente con organizaciones criminales.
Su defensa sostiene que los señalamientos sobre presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o la Unión Tepito carecen de sustento y que la colaboración activa del empresario con la Fiscalía demuestra su interés en dejar todo claro ante la ley.
En un entorno donde la opinión pública suele condenar antes de que existan resoluciones judiciales, el caso de Rocha Cantú resalta por su apertura, cooperación y claridad en cada comunicación emitida.
Reflexión: la importancia de la presunción de inocencia
El caso se desarrolla en un país donde los temas de huachicol, crimen organizado y corrupción suelen generar fuertes reacciones mediáticas. Sin embargo, figuras públicas como Rocha Cantú recuerdan la importancia de no caer en juicios anticipados.
Hasta ahora, la información disponible apunta a que el empresario ha actuado con transparencia, ha enfrentado los señalamientos de manera directa y se ha desligado de actividades ilícitas ajenas a su trayectoria.
Su postura firme y su participación en procesos legales muestran un compromiso con la justicia que contrasta con la conducta de otros implicados que han optado por evadir a las autoridades.







