En el Estado de México, 212 personas desaparecidas cuentan actualmente con un ofrecimiento de recompensa económica autorizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se trata de un mecanismo de investigación que busca obtener información útil, veraz y oportuna para lograr la localización de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido, en un contexto donde la magnitud del problema rebasa con creces este universo específico de casos.
Aunque la entidad registra más de 14 mil personas desaparecidas, las recompensas activas representan solo una fracción del total. Las cifras oficiales muestran que el sistema no opera de forma masiva, sino como una herramienta extraordinaria aplicada en expedientes considerados de larga data o en investigaciones que no han avanzado por los canales ordinarios.
De manera paralela, la Fiscalía mantiene 93 ofrecimientos de recompensa en investigaciones por delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y delincuencia organizada donde se concentran los montos más elevados, de hasta 500 mil pesos, dirigidos a la localización y captura de líderes criminales.
El esquema de recompensas en el Estado de México inició en 2014, inicialmente enfocado en la detención de criminales de alto perfil. Con el paso del tiempo, su alcance se amplió para incluir casos de desaparición de personas, especialmente aquellos marcados por años sin resultados o desarrollados en entornos de violencia donde el miedo inhibe la denuncia.
El marco normativo vigente es el Acuerdo Número 06/2025, publicado en agosto de 2025, que ratifica y regula el ofrecimiento de recompensas tanto para la localización de personas desaparecidas como para la búsqueda y detención de probables responsables de delitos. Este acuerdo define montos, canales oficiales de recepción de información y criterios de confidencialidad.
Uno de sus puntos clave es que la recompensa se considera un acto de investigación, por lo que no requiere autorización judicial previa, y garantiza el anonimato del informante, cuyo nombre no se integra directamente a la carpeta de investigación.
Especialistas y exfuncionarios coinciden en que el sistema fue concebido como una estrategia excepcional, pensada para incentivar la participación ciudadana cuando existen indicios de que alguien posee información relevante, pero teme compartirla.
La experiencia acumulada muestra que, incluso con incentivos de cientos de miles de pesos, muchas personas optan por guardar silencio, lo que refleja un alto nivel de temor o desconfianza hacia la autoridad. Esta realidad explica, en parte, por qué el número de recompensas efectivamente cobradas en desapariciones sigue siendo bajo.
La existencia de solo 212 recompensas activas ha generado cuestionamientos entre familias y colectivos de búsqueda. Los criterios, según información oficial, se centran en:
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Expedientes de larga duración donde se agotaron otras líneas de investigación.
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Casos recientes en los que la indagatoria sugiere que terceras personas tienen información, pero existe miedo a proporcionarla.
Aun así, no todos los casos cumplen con los requisitos para ser incorporados, lo que deja fuera a familias que consideran que este mecanismo podría abrir nuevas posibilidades.
Más allá de las recompensas, uno de los principales frenos para la localización de personas desaparecidas es la crisis forense. La falta de cruces sistemáticos entre registros de personas no localizadas y cuerpos sin identificar mantiene miles de carpetas abiertas sin resolución.
Mientras esta fragmentación persista, los incentivos económicos difícilmente podrán compensar un sistema que no logra articular toda la información disponible. El fortalecimiento forense aparece así como una de las vías más directas para reducir la incertidumbre que enfrentan las familias.
El Acuerdo 06/2025 detalla expedientes específicos que cuentan con ficha de recompensa vigente. Entre ellos destacan:
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Brandon Guillermo Torres López, desaparecido en 2019 en Chapultepec, con una recompensa de hasta 300 mil pesos.
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Lucía Román Chávez, reportada como desaparecida en Ixtapaluca, cuya ficha permanece activa ante la presunción de información no aportada.
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Óscar García González, visto por última vez en Texcaltitlán.
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Oswaldo Espejel Guevara, desaparecido en Tecámac.
En todos los casos, el monto autorizado es de hasta 300 mil pesos, y las fichas se mantienen activas mientras no exista información concluyente sobre su paradero.
No todos los expedientes logran incorporarse al sistema. Familias como la de María Fernanda Rodríguez Cepeda y Daniel Arturo Chávez Valdés, desaparecidos en Lerma en 2023, han solicitado sin éxito la emisión de una ficha de recompensa.
La falta de acceso a este mecanismo ha sido señalada como una desventaja frente a otros estados, donde las recompensas se autorizan en plazos más cortos. Para los colectivos, la recompensa no es una solución total, pero sí una herramienta que puede facilitar que alguien se atreva a hablar.
En 12 años de operación, el sistema de recompensas por desaparición en el Estado de México ha pagado:
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9 recompensas relacionadas con la localización de personas desaparecidas.
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940 mil pesos como monto acumulado en estos casos.
En contraste, en investigaciones por delitos de alto impacto:
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43 recompensas han sido cobradas.
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13 millones 180 mil pesos han sido pagados, principalmente en expedientes de delincuencia organizada.
En conclusión, las cifras confirman que el mecanismo ha tenido mayor efectividad en la persecución del delito que en la localización de personas desaparecidas, lo que reabre el debate sobre su alcance real dentro de una crisis que sigue creciendo.
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