El conflicto entre San Pedro Atlapulco y San Jerónimo Acazulco provocó un bloqueo en la carretera La Marquesa-Tenango; autoridades mantienen presencia para evitar una confrontación mayor.
Ocoyoacac, Estado de México.— La disputa territorial entre las comunidades de San Pedro Atlapulco y San Jerónimo Acazulco volvió a elevar la tensión este jueves en el municipio de Ocoyoacac, donde la movilización de pobladores obligó a reforzar la presencia de autoridades en la zona.
El punto de mayor conflicto se ubicó en el kilómetro 3 de la carretera La Marquesa-Tenango, en las inmediaciones del Valle del Silencio, donde la circulación permaneció cerrada en ambos sentidos debido a la presencia de pobladores.
Reportes periodísticos señalaron momentos de tensión e incluso detonaciones en la zona durante la mañana. Ante el riesgo de una confrontación entre ambos grupos, se desplegaron elementos de seguridad para contener la situación y evitar que el conflicto escalara.
La presencia de cuerpos de emergencia también se contempló ante la posibilidad de que se registraran personas lesionadas durante una eventual confrontación.
Un conflicto territorial que vuelve a afectar la movilidad
La disputa entre ambas comunidades no es nueva. Durante septiembre ya se habían registrado movilizaciones y bloqueos relacionados con el conflicto territorial, generando afectaciones para quienes utilizan las vías de comunicación entre La Marquesa y Tenango del Valle, así como para automovilistas, transporte público y unidades de carga.
En esta ocasión, autoridades municipales y estatales permanecieron en el área para controlar la circulación y evitar que los grupos se encontraran directamente.
El conflicto tiene además versiones distintas.
Representantes de San Pedro Atlapulco señalaron que sus integrantes realizaban trabajos comunitarios de limpieza y mantenimiento de brechas cuando se produjo un altercado con habitantes de Acazulco. De acuerdo con la presidenta del Comisariado de Bienes Comunales de Atlapulco, Yadira Maribel Villela Esquivel, no se registraron personas lesionadas y la comunidad decidió retirarse para evitar una confrontación.
La representante también sostuvo que, desde la perspectiva de Atlapulco, los límites territoriales se encuentran jurídicamente definidos mediante resoluciones históricas y rechazó que exista actualmente un litigio agrario pendiente sobre esas tierras.
Por otra parte, pobladores de San Jerónimo Acazulco han solicitado la intervención de autoridades estatales y federales para atender el conflicto y garantizar la seguridad de quienes permanecen en las comunidades involucradas.
La prioridad: evitar que una disputa termine en violencia
Más allá de cuál sea la interpretación de cada comunidad sobre la propiedad o los límites territoriales, la situación plantea un problema inmediato: evitar que una disputa agraria o territorial derive en un enfrentamiento entre habitantes.
La presencia de autoridades puede contener una emergencia, pero no resuelve por sí misma el origen del conflicto.
Mientras la carretera permanece afectada, cientos de personas que no forman parte de la disputa también enfrentan las consecuencias, particularmente quienes utilizan diariamente esta vía para trasladarse entre distintos puntos del Valle de Toluca y la zona de La Marquesa.
El llamado de fondo debería ser a que cualquier diferencia sobre tierras sea encauzada mediante las instituciones competentes y documentación jurídica, evitando que las calles o los caminos se conviertan en escenarios de confrontación.
¿Cuánto tiempo puede mantenerse una disputa sin que alguien termine perdiendo?
El conflicto entre Atlapulco y Acazulco deja una pregunta que va más allá del bloqueo de una carretera.
Cuando dos comunidades sostienen posiciones encontradas sobre un territorio, la solución no puede depender de quién tenga más personas concentradas en un punto o quién consiga cerrar primero una carretera.
Si existen documentos, resoluciones agrarias o antecedentes jurídicos que permitan determinar los límites, corresponde a las instituciones competentes revisarlos y hacerlos valer. Y si existen recursos legales pendientes, también debe respetarse el procedimiento correspondiente.
Lo que no debería normalizarse es que los habitantes tengan que enfrentarse entre sí para hacer valer una posición.
La prioridad inmediata debe ser evitar personas lesionadas y garantizar el libre tránsito; después, resolver por la vía institucional aquello que mantiene enfrentadas a las comunidades.
La pregunta para los lectores de Notidex es: ¿las autoridades están interviniendo únicamente para contener cada nuevo enfrentamiento o deberían establecer una mesa permanente que permita resolver de fondo el conflicto entre Atlapulco y Acazulco?
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