En pleno 2025, la justicia social en México continúa siendo un ideal lejano para millones de personas. Entre los sectores más vulnerables y olvidados, destacan las trabajadoras del hogar, quienes a pesar de desempeñar un papel fundamental en la economía y la vida diaria de muchas familias, siguen enfrentando condiciones de precariedad y desprotección.
Según datos recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), apenas el 2.6% de las trabajadoras del hogar en el país están afiliadas al sistema de seguridad social. Esto equivale a 62,831 personas, de un universo estimado de casi 2.5 millones dedicadas a esta labor. El 97.4% restante continúa sin acceso a servicios médicos, incapacidades, ahorro para el retiro o guarderías, derechos laborales básicos que deberían estar garantizados por ley.
La reforma que hizo obligatoria la afiliación al IMSS de las personas trabajadoras del hogar, promovida como un avance histórico en materia de derechos laborales, ha mostrado resultados limitados. La falta de mecanismos efectivos de supervisión y la escasa voluntad de muchos empleadores han impedido que esta normativa tenga un impacto real en la vida de quienes realizan esta labor.
En entidades como el Estado de México, que concentra una de las mayores poblaciones de trabajadoras del hogar, las cifras también son preocupantes. Hasta ahora, solo 3,900 personas están registradas ante el IMSS, con 700 nuevas afiliaciones en lo que va de 2025. Aunque representan un avance frente a años anteriores, estos números siguen siendo insuficientes frente al volumen real de trabajadoras en la entidad.
El Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Personas del Hogar A.C. ha sido enfático: mientras el trabajo doméstico continúe siendo invisibilizado y menospreciado, no se puede hablar de equidad ni de justicia social en México. La dignificación de esta labor no debe entenderse como una concesión o un favor, sino como un derecho básico largamente postergado.
Para transformar el panorama de las trabajadoras del hogar en México se requiere más que leyes: es indispensable un cambio cultural, campañas de sensibilización y, sobre todo, compromiso de los empleadores y del Estado. El acceso a seguridad social debe dejar de ser una excepción para convertirse en la norma.
En conclusión, la deuda histórica con las trabajadoras del hogar en México es innegable. La falta de acceso a derechos básicos como la seguridad social refleja una profunda desigualdad estructural. Para saldar esta deuda, es necesario asumir colectivamente la responsabilidad de reconocer y proteger la labor de millones de mujeres que, día tras día, sostienen a miles de hogares sin que se les reconozca como trabajadoras con plenos derechos.
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