En un acto de protesta sin precedentes, diversas unidades de transporte y organizaciones de taxistas del municipio de Jilotepec se movilizaron en distintos puntos del Valle de México para dirigirse a Toluca, sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Los transportistas buscan presionar a las autoridades para que atiendan las denuncias que han interpuesto por actos de extorsión y la quema de sus vehículos, presuntamente perpetrados por grupos delictivos armados.
De acuerdo con los transportistas, los grupos armados que operan en la zona han incendiado sus unidades en múltiples ocasiones, obligándolos a detener su servicio. Además, han sido víctimas de extorsión constante, y en algunos casos, los delincuentes han retenido a los pasajeros, bajándolos de los vehículos para impedir que los conductores puedan trabajar. Esta situación ha generado una gran preocupación en el gremio, que exige una intervención inmediata de las autoridades.
En un comunicado oficial, los transportistas señalaron que la situación ha alcanzado niveles críticos, al punto de que sienten que su seguridad y la de sus pasajeros está en riesgo. La marcha tiene como principal objetivo que el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, se reúna con los representantes de los transportistas y se inicien las investigaciones pertinentes.
La movilización comenzó desde las primeras horas de la mañana y rápidamente se extendió a municipios como Tepotzotlán, Coacalco, Tultitlán y Naucalpan. Los transportistas se desplazaron hacia la capital del Estado de México utilizando diversas vías y autopistas, con el fin de hacer visible su problemática y generar presión social y mediática.
A pesar de que la manifestación ha sido pacífica y no se han bloqueado las principales arterias viales, los conductores han utilizado los carriles laterales de la autopista México-Querétaro para avanzar hacia Toluca. Otros grupos de transportistas se encuentran concentrados en la vía José López Portillo, a la altura de Coacalco, y en las cercanías de las Torres de Satélite, para continuar su marcha por la carretera Toluca-Naucalpan.
Uno de los puntos más delicados de la protesta ha sido la acusación directa de los transportistas hacia el alcalde de Jilotepec, Rodolfo Noguez Baraja. Según los manifestantes, el edil no ha brindado el apoyo necesario para enfrentar esta situación de violencia y extorsión, debido a presuntos intereses con los grupos delictivos que operan en la región. Esta falta de respaldo por parte de las autoridades municipales ha agravado aún más la inseguridad a la que se enfrentan los transportistas.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) también se ha sumado a la petición de los transportistas, exigiendo un informe detallado sobre las bandas delictivas detenidas, dedicadas al robo y quema de unidades de transporte. La Canapat ha reiterado que es fundamental la acción coordinada de las autoridades estatales para desmantelar a estos grupos criminales y garantizar la seguridad en las carreteras del Estado de México.
La marcha tiene como principal objetivo lograr una audiencia con el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, para que escuche de primera mano las denuncias de los transportistas y se comprometa a iniciar una investigación formal contra los grupos delictivos que operan en Jilotepec y otras zonas del estado. Los manifestantes han dejado claro que no cesarán en sus esfuerzos hasta que se tomen acciones concretas para poner fin a los actos de violencia y extorsión.
En conclusión, la situación que enfrentan los transportistas de Jilotepec refleja una problemática creciente en diversas regiones del Estado de México, donde la delincuencia organizada ha extendido sus redes de extorsión y violencia. La marcha hacia Toluca representa una llamada de atención urgente para las autoridades, quienes deben tomar medidas contundentes para garantizar la seguridad de los trabajadores del transporte y la ciudadanía en general. Los ojos de la sociedad ahora están puestos en la respuesta que brinde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ante estas graves denuncias.
