La sanción podría afectar las aspiraciones de reelección de Teresa Castell
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han confirmado una sanción significativa contra la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Teresa Castell, por ejercer violencia política en razón de género contra Salma Luévalo, legisladora del partido Morena. Este veredicto ratifica la decisión previa de la Sala Regional Especializada, que ya había señalado a Castell por sus comentarios en redes sociales y apariciones en televisión, los cuales fueron considerados como actos que estigmatizan, discriminan y vulneran el libre desarrollo de la personalidad, al no respetar la identidad y expresión de género de Luévalo.
El dictamen subraya la importancia de preservar un ambiente de respeto y equidad en el ámbito político, estableciendo un precedente claro contra la violencia de género. Como consecuencia directa de esta resolución, Teresa Castell será incluida en el registro nacional de personas sancionadas en materia de Violencia Política en Razón de Género por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que pone en duda su posibilidad de buscar la reelección para el distrito 34 de Toluca.
Este acontecimiento cobra especial relevancia en el contexto de las reglas aprobadas por el Consejo General del INE en septiembre del año pasado, las cuales permiten a los partidos políticos considerar la postulación de personas inscritas en dicho registro para cargos en el Congreso de la Unión e incluso el Senado. La decisión de permitir que Castell busque la reelección recae ahora en manos del PAN, así como en sus aliados del PRI y PRD, quienes previamente la habían respaldado.
El caso de Castell no es aislado en el panorama político de Toluca. Melissa Vargas, diputada federal por el distrito 26 y también acusada de ejercer violencia política contra la actual gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se encuentra en una situación similar. La coalición “Fuerza y Corazón por México” enfrenta el dilema de apoyar a candidatas señaladas por comportamientos que contradicen los principios de equidad y respeto en la política.
Este episodio destaca la creciente atención y acciones en contra de la violencia de género en la política mexicana, subrayando la necesidad de crear entornos seguros y respetuosos para el debate y el ejercicio democrático. A medida que nos acercamos a las próximas elecciones, la respuesta de los partidos políticos a estas sanciones será crucial para definir el compromiso de México con la igualdad de género y el respeto mutuo en el ámbito público.
