La planta procesadora de croquetas El Pedregal, ubicada en la colonia Científicos, se ha convertido en el centro de una creciente controversia ambiental y de salud pública. Vecinos de la zona, respaldados por 2,247 firmas ciudadanas, entregadas directamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, demandan su clausura inmediata por los constantes olores intensos y contaminantes que, aseguran, afectan a miles de personas en un radio de hasta cinco kilómetros.
La denuncia ciudadana destaca que los efectos de la actividad industrial de la planta no solo se perciben por el olfato, sino que generan síntomas físicos persistentes como náuseas, irritación en ojos y garganta, dolores de cabeza y complicaciones respiratorias, especialmente en personas con enfermedades preexistentes.
De acuerdo con estimaciones técnicas y reportes vecinales, al menos 400 mil personas estarían expuestas de forma directa a las emisiones, entre ellas estudiantes, comerciantes y familias que habitan cerca del punto donde se localiza la fábrica.
Vecinos de la colonia Científicos han documentado cómo el olor a croquetas persiste incluso dentro de las viviendas. Además, señalan que un polvo fino se adhiere a la ropa, muebles y paredes, generando molestias cotidianas y un deterioro constante en la calidad del aire.
“El impacto ya no es tolerable”, declaró Dante Álvarez Jiménez, activista por la movilidad y el derecho al territorio. “No hablamos solo de incomodidad, sino de una afectación directa a la salud. Esto se enmarca en un derecho constitucional que el Estado debe proteger”.
Aunque representantes del gobierno local han sugerido la instalación de filtros industriales como medida correctiva, los ciudadanos consideran que esta solución resulta tardía e insuficiente.
Uno de los principales retos es la ausencia de una normativa específica que regule las emisiones de olores industriales en el Estado de México. Por ello, los denunciantes buscan que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local impulse una iniciativa legal para cerrar este vacío normativo que actualmente permite que estas plantas operen sin restricciones claras.
“Mientras las leyes no se adapten a esta realidad, los ciudadanos seguirán desprotegidos frente a industrias que, aunque digan cumplir con la norma, afectan la salud de cientos de miles de personas”, subrayó el activista.
Durante la campaña de recolección de firmas, se recibieron reportes similares en Lerma, Cuautitlán y otras zonas del Valle de México, lo que refuerza la idea de que este tipo de contaminación es un problema estructural y regional.
En conclusión, la exigencia ciudadana es clara: clausura de El Pedregal, creación de leyes para evitar la contaminación por olores, y un replanteamiento del modelo industrial que actualmente opera sin suficientes controles ambientales.
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