Comunidades, organizaciones ambientales, sector privado y autoridades participaron en mesas de diálogo sobre el futuro del marco jurídico ambiental mexicano.
Ciudad de México.— La discusión sobre una nueva legislación ambiental en México abrió un espacio de participación para distintos sectores de la sociedad. Durante las audiencias públicas sobre la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) se recibieron planteamientos relacionados con la conservación, la participación ciudadana y la gestión de los recursos naturales.
La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, destacó la importancia de incorporar distintas perspectivas al proceso de análisis. Los registros legislativos confirman su participación como secretaria de dicha comisión y también documentan iniciativas ambientales que ha impulsado junto con otros legisladores.
Las primeras jornadas de estas audiencias comenzaron el 28 de septiembre de 2026 y contemplaron la participación de especialistas, investigadores, organizaciones y representantes de diferentes sectores.
Comunidades, empresas y autoridades llevan propuestas a la discusión ambiental
Uno de los aspectos relevantes del ejercicio fue la diversidad de participantes. En las mesas se abordaron planteamientos provenientes de comunidades indígenas y rurales, defensores y activistas ambientales, organizaciones de la sociedad civil, representantes empresariales e integrantes de los sectores industrial, comercial y turístico.
El objetivo de este tipo de ejercicios es incorporar diferentes experiencias antes de avanzar en la construcción de modificaciones al marco jurídico.
En las primeras sesiones, especialistas y organizaciones plantearon la necesidad de considerar los desafíos relacionados con la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, el agua y el territorio.
La participación de estos sectores adquiere relevancia porque las disposiciones ambientales tienen efectos sobre actividades productivas, comunidades, gobiernos y ciudadanía.
De acuerdo con la información difundida sobre las audiencias, todavía se contempla la recepción de propuestas concretas mediante un cuadro comparativo, con fecha límite del 8 de octubre, a través del correo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
El reto: convertir las propuestas en reglas aplicables
El proceso legislativo no termina con las audiencias. Las aportaciones recibidas tendrán que ser analizadas y, en su caso, incorporadas a un proyecto que posteriormente deberá continuar las distintas etapas parlamentarias correspondientes.
La discusión resulta especialmente relevante porque la LGEEPA constituye uno de los principales ordenamientos federales en materia de política ambiental y establece bases para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Además, la propia Cámara de Diputados ha registrado durante la LXVI Legislatura diversas iniciativas relacionadas con modificaciones a esta legislación. Una de ellas fue presentada en 2025 por Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Joaquín Zebadúa Alva e Irma Juan Carlos, entre otros temas, en materia de impacto ambiental y aprovechamiento forestal.
La existencia de distintos proyectos muestra que la actualización del marco ambiental es un asunto que involucra diversas materias y actores, por lo que el contenido final dependerá del análisis legislativo y de las decisiones que adopte el Congreso.
¿Qué debe ocurrir después de las audiencias?
Abrir espacios para escuchar a comunidades, especialistas, empresas, organizaciones civiles y autoridades puede ampliar la información disponible para quienes elaboran una ley. Pero el verdadero desafío comienza después de cerrar los micrófonos.
¿Qué propuestas serán incorporadas? ¿Cuáles serán descartadas y bajo qué criterios? ¿Cómo se garantizará que las nuevas disposiciones puedan aplicarse en los territorios y no permanezcan únicamente como objetivos en el papel?
También será importante conocer cómo se equilibrarán las necesidades de conservación ambiental con las actividades económicas y los derechos de las comunidades que dependen directamente de los recursos naturales.
Las audiencias representan una etapa de participación; el siguiente paso será conocer el contenido concreto del proyecto legislativo y comparar las propuestas ciudadanas con el texto que eventualmente llegue a discusión y votación.
Para la sociedad, el reto también será mantenerse atenta: no solamente a quién participa en las audiencias, sino a qué propuestas terminan convirtiéndose en normas y cómo se aplicarán una vez aprobadas.







