En medio de una severa crisis hídrica, los habitantes de la colonia La Joya enfrentan una problemática que crece día con día: la extracción presuntamente ilegal de agua de un pozo ubicado en San Antonio Buenavista, una actividad que ha transformado por completo la vida de esta comunidad de Toluca.
Entre nubes de polvo y calles sin pavimentar, los vecinos de La Joya observan con frustración el incesante ir y venir de camiones cisterna. Estiman que entre 40 y 50 pipas cargan diariamente hasta 10 mil litros de agua cada una, en un predio que, según denuncias, carece de la concesión correspondiente por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La operación es atribuida a un individuo identificado como Felipe, quien estaría amparado por documentos que, según los denunciantes, no corresponden ni al terreno ni a la actividad de distribución hídrica. Se menciona que el permiso en cuestión fue expedido para la empresa Inmobiliaria Mexicana Turística S.A. de C.V., cuyo objeto social no tiene relación con el comercio o suministro de agua.
Mientras el agua es extraída y distribuida a otras zonas del Estado de México, La Joya sufre las consecuencias. Pozos artesanales completamente secos, árboles frutales marchitos y milpas al borde del colapso son parte del nuevo panorama. La presión del agua potable ha disminuido drásticamente, afectando las actividades básicas de las familias.
Además del desabasto, los vecinos señalan un impacto ambiental significativo. La operación del pozo incluye bombas que funcionan con diésel, generando emisiones contaminantes que provocan molestias en garganta y ojos. También se han acondicionado áreas improvisadas para el estacionamiento de las pipas, lo que ha modificado el entorno urbano y social de manera preocupante.
De acuerdo con documentos de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente del Estado de México, desde agosto de 2022 se mantiene activa una carpeta de investigación por delitos relacionados con el servicio público y la distribución no autorizada de agua.
La problemática ha escalado a tal nivel que se ha planteado un endurecimiento de las penas por el huachicoleo de agua en el Estado de México, con sanciones que irían de 6 a 30 años de prisión y multas de hasta 2.8 millones de pesos.
Algunos pobladores han denunciado haber recibido amenazas tras intentar documentar las actividades del pozo o presentar quejas formales ante las autoridades. Hasta el momento, la Conagua no ha confirmado si existen mediciones oficiales del volumen de agua extraída, a pesar de haber sido requerida para ello bajo apercibimiento de sanciones.
Más allá del desabasto domiciliario, los vecinos temen que la sobreexplotación del acuífero pueda provocar hundimientos estructurales y daños irreversibles al subsuelo.
“La sobreexplotación de los mantos acuíferos no sólo seca los pozos, también pone en riesgo nuestras casas y nuestros caminos”, recalcan con preocupación.
En conclusión, mientras las autoridades continúan con las investigaciones, el flujo de pipas no se detiene. La comunidad de La Joya observa cómo sus reservas naturales disminuyen, mientras el vital líquido es transportado hacia otros destinos.
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