Desde mayo de 2024, todos los vehículos de transporte público en el Estado de México están obligados por ley a contar con sistemas de videograbación. Esta disposición forma parte de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en la Gaceta de Gobierno, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad en el servicio de transporte y reducir la incidencia delictiva.
Como parte de esta estrategia, el gobierno estatal ha canalizado recursos públicos para instalar equipos de videovigilancia conectados al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5). De acuerdo con datos oficiales, esta tecnología ha contribuido a disminuir los delitos en este sector: los robos al transporte público bajaron un 12.9 %, y los robos a transportistas, un 9.4 % durante 2024, en comparación con el año anterior.
A pesar de los números positivos, la implementación enfrenta serias deficiencias. Usuarios del transporte y especialistas en seguridad han señalado que muchos de los sistemas instalados no funcionan correctamente o no reciben el mantenimiento necesario. En algunos casos, las grabaciones no se revisan de forma oportuna, lo que dificulta el seguimiento de los hechos delictivos y limita el alcance de estas herramientas.
Esta falta de eficacia ha generado desconfianza entre los pasajeros, quienes sienten que, aunque hay cámaras, la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente.
Un claro ejemplo de esta desconexión entre las cifras oficiales y la experiencia ciudadana es Toluca, donde la percepción de inseguridad alcanzó el 74.6 % en diciembre de 2024, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Esto significa que, a pesar de las inversiones millonarias en tecnología, la mayoría de los usuarios sigue sintiéndose insegura al abordar el transporte público.
La brecha entre la inversión pública, el funcionamiento efectivo de los sistemas y los resultados en materia de seguridad pone en entredicho la efectividad real de esta política pública. Organizaciones civiles y líderes sociales han exigido mayor rendición de cuentas y transparencia en torno al uso de estos recursos tecnológicos.
Si bien el gobierno del Estado de México muestra avances en la disminución de ciertos delitos, el alto nivel de percepción de inseguridad revela que aún queda mucho por hacer para que los usuarios se sientan verdaderamente protegidos.
En conclusión, la instalación obligatoria de cámaras en el transporte público del Estado de México representa un paso importante hacia una movilidad más segura. No obstante, su efectividad depende no solo de su presencia, sino de su correcto funcionamiento y supervisión. La seguridad real no se mide solo en estadísticas, sino en la confianza de los ciudadanos. Por ello, es esencial que las autoridades afinen sus estrategias y garanticen que las inversiones realizadas se traduzcan en seguridad tangible para todos.
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