En el Estado de México, el acoso escolar se ha convertido en una problemática silenciosa pero devastadora. Siete de cada diez estudiantes han sido víctimas o testigos de bullying, una cifra que revela una crisis urgente dentro del sistema educativo. Sin embargo, lo más preocupante es que gran parte del personal docente no cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar este fenómeno.
El acoso escolar no solo afecta el ambiente en las aulas, sino también la salud mental y emocional de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con Óscar David Hernández Carranza, presidente del Consejo Directivo de ProtocolAB e integrante del World Resources Institute (WRI), México pierde más de 7 mil millones de pesos anuales debido a las consecuencias del bullying en el bienestar psicológico de los estudiantes.
Estas pérdidas se reflejan en bajas escolares, problemas de rendimiento académico y un incremento en los casos de depresión y ansiedad entre menores de edad. Las repercusiones no se limitan al entorno educativo, sino que se extienden al ámbito económico y social.
El panorama es igual de preocupante dentro del cuerpo docente. Según datos recientes, 6 de cada 10 maestros no saben cómo reaccionar ante una situación de acoso escolar, y 4 de cada 10 escuelas públicas carecen de protocolos claros para atender estos casos. La falta de capacitación y de programas institucionales de intervención deja a los docentes sin guía ante un problema que requiere acción inmediata.
Muchos profesores reconocen sentirse frustrados al no contar con apoyo psicológico, legal ni institucional, lo que contribuye a que los casos de bullying se normalicen o, en el peor de los escenarios, se ignoren.
El bullying no solo hiere individualmente: deteriora comunidades enteras. La violencia escolar genera desconfianza, baja autoestima y conflictos que se trasladan a otros espacios sociales. Expertos coinciden en que se necesita una estrategia nacional de prevención y atención integral, con formación constante para docentes, personal administrativo y padres de familia.
Asimismo, la creación de protocolos obligatorios y la asignación de recursos para la capacitación podrían reducir significativamente los índices de acoso y las pérdidas económicas asociadas.
En conclusión, el Estado de México enfrenta un reto urgente: detener la normalización del acoso escolar. Si bien los números son alarmantes, también representan una oportunidad para rediseñar las políticas educativas y priorizar la salud mental en las aulas. Solo a través de una educación empática, informada y preventiva, podrá construirse un entorno escolar seguro y libre de violencia.
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