El acoso y los tocamientos sexuales en la vía pública siguen siendo una realidad cotidiana para miles de mujeres en el Estado de México. Aunque la ley reconoce estas conductas como delitos, la impunidad, los trámites burocráticos y la falta de acompañamiento institucional continúan inhibiendo las denuncias y vulnerando a las víctimas.
Datos recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025, elaborada por el INEGI, advierten que el 15.9% de las personas mayores de 18 años en zonas urbanas sufrió algún tipo de acoso o violencia sexual en espacios públicos durante el primer semestre del año.
En el mismo periodo, la Fiscalía mexiquense abrió miles de carpetas de investigación por delitos de índole sexual:
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3,667 por abuso sexual
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2,201 por acoso sexual
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115 por hostigamiento sexual
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1,655 por violación simple
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582 por violación equiparada
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44 por otros delitos contra la libertad y seguridad sexual
A pesar de estas cifras, la gran mayoría de los casos no llegan a instancias legales: la ENVIPE 2024 señala que más del 94% de los delitos sexuales en México no se denuncian, tendencia que también se replica en el Edomex.
La abogada y activista Jazmín Zepeda, representante de la colectiva Camcai, advierte que, aunque el acoso y el abuso sexual están tipificados en la ley, las penas son insuficientes para frenar estas conductas.
“El proceso es agotador. Las mujeres deben acudir a la fiscalía, someterse a exámenes médicos y psicológicos, y aun cuando se identifica al agresor, las penas son tan bajas que pueden pagar una garantía y evitar la cárcel”, explica.
El Código Penal mexiquense establece:
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1 a 4 años de prisión por acoso sexual
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2 a 4 años por abuso sexual
Ambos delitos contemplan fianza, lo que permite que muchos agresores enfrenten el proceso en libertad. Además, los tocamientos en la vía pública suelen investigarse como abuso sexual, dejando amplios espacios de discrecionalidad y, por ende, de impunidad.
La reciente denuncia por acoso presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras un incidente ocurrido afuera de Palacio Nacional, volvió a colocar el tema en la agenda pública.
El acoso sexual se cataloga como delito penal a nivel nacional, aunque el verdadero reto está en la aplicación: policías sin capacitación, ministerios públicos saturados y prácticas institucionales que aún culpabilizan a la víctima.
Según organismos internacionales como la OPS y la OMS, el acoso sexual en espacios públicos provoca efectos que van más allá del momento de la agresión:
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ansiedad
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estrés
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retraimiento social
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depresión
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trastorno por estrés postraumático
Ante la falta de garantías de seguridad, muchas mujeres modifican rutas, horarios o actividades cotidianas, lo que limita su movilidad, autonomía y calidad de vida.
Para la activista Jazmín Zepeda, la impunidad persiste debido a dos factores clave: falta de castigo y falta de denuncia.
Tanto Zepeda como las diputadas Álvarez y Jiménez coinciden en que el acoso callejero es una puerta de entrada a violencias más graves, por lo que minimizarlo solo perpetúa un ciclo de agresiones.
A pesar de las reformas legales y los discursos institucionales, las mujeres del Estado de México siguen enfrentando procesos revictimizantes, penas insuficientes y un sistema de justicia que, en muchos casos, no responde.
Mientras las denuncias sigan siendo desgastantes o inexistentes y la impunidad se mantenga, los tocamientos y el acoso en la vía pública continuarán siendo una realidad cotidiana para miles de mujeres que solo buscan transitar con libertad y seguridad.
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