La crisis forestal en el Estado de México ha alcanzado un punto crítico. De acuerdo con datos recientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un total de 25 municipios han sido declarados prioritarios debido al acelerado avance de la tala ilegal, una actividad que continúa expandiéndose pese a los operativos interinstitucionales.
En coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), las autoridades ambientales han delimitado seis grandes zonas donde la incidencia de actividades forestales ilícitas es preocupante. Estas áreas forman parte de ecosistemas clave tanto para la biodiversidad como para la captación de agua y la estabilidad climática regional.
Las regiones más afectadas son:
-
Zona de los Volcanes
-
Gran Bosque de Agua
-
Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca
-
Nevado de Toluca
-
Sierra de Las Cruces
-
Sierra de la Goleta, en el sur del estado
En conjunto, estos territorios abarcan 39 municipios, aunque solo 25 presentan un nivel de impacto tan severo que requieren intervenciones urgentes. Funcionarios ambientales advierten que la fragmentación del bosque, los incendios derivados de la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad están avanzando a un ritmo alarmante.
La creciente tensión estalló el 6 de noviembre, cuando ejidatarios de varios municipios bloquearon Paseo Tollocan, una de las vialidades más importantes de Toluca. Su demanda central: acciones más contundentes por parte del gobierno estatal para frenar la tala ilegal y proteger los bosques que sustentan a miles de familias.
Durante la protesta, los comuneros denunciaron la desaparición de más de 127 mil hectáreas de bosque, lo que representa uno de los retrocesos ambientales más graves de las últimas décadas en la entidad.
Además, los manifestantes señalaron la posible participación de autoridades estatales coludidas con grupos del crimen organizado, quienes según sus testimonios, brindan protección a los llamados talamontes. Estas acusaciones han aumentado la presión social para que se realicen investigaciones profundas y se refuercen los operativos contra la explotación ilegal de recursos naturales.
La tala clandestina no solo destruye ecosistemas, también afecta directamente a las comunidades que dependen del bosque para actividades productivas, abastecimiento de agua y protección contra fenómenos meteorológicos extremos. Especialistas advierten que la devastación podría alterar aún más el clima regional y elevar el riesgo de deslaves e incendios.
En conclusión, el gobierno mexiquense enfrenta el desafío de reforzar la vigilancia, garantizar seguridad para las comunidades forestales y frenar la red ilegal que opera desde hace años. Mientras tanto, organizaciones ambientales continúan llamando a implementar políticas públicas más efectivas y a fortalecer la participación comunitaria en la defensa del territorio.
¡Únete a nuestro grupo de WhatsApp y recibe GRATIS las noticias más importantes directo en tu celular!
