La crisis del agua en la capital mexiquense ha escalado a niveles alarmantes. Miles de habitantes enfrentan días sin una sola gota en sus hogares, mientras el costo de una pipa de agua se ha disparado hasta los $3,000 pesos por 10,000 litros, una cifra que representa el triple del precio habitual.
El problema, lejos de resolverse, ha evidenciado la falta de planeación y respuesta oportuna por parte de las autoridades locales, dejando a la ciudadanía a merced de proveedores particulares que se aprovechan del desabasto.
Familias toluqueñas, víctimas del abandono institucional
Vecinos de diversas colonias de Toluca reportan que pasan hasta una semana sin recibir agua potable.
“Antes pagábamos alrededor de mil pesos, ahora quieren hasta tres mil”, comenta un vecino afectado en la colonia La Merced, en pleno centro de Toluca.
Este incremento desmedido no solo vulnera la economía familiar, sino que expone la falta de control y supervisión por parte del ayuntamiento sobre el suministro alternativo de agua.
Organizaciones vecinales señalan que no existen estrategias visibles de distribución equitativa, ni programas temporales que alivien la carga económica de los hogares afectados. En muchos casos, los camiones cisterna municipales nunca llegan o lo hacen con retrasos de varios días, lo que agudiza la desesperación.
Críticas al ayuntamiento por su falta de acción ante el desabasto
Diversos sectores han cuestionado la pasividad del gobierno municipal, que parece más enfocado en justificar el problema que en ofrecer soluciones efectivas.
Mientras tanto, los ciudadanos —quienes pagan puntualmente sus servicios— sufren las consecuencias de una gestión ineficiente del agua, que debería ser garantizada como un derecho básico y no como un lujo reservado a quienes pueden pagar precios inflados.
La situación actual demanda medidas inmediatas y transparentes: un plan emergente de distribución gratuita de agua, auditorías a las concesiones de pipas privadas y una estrategia integral para la recuperación del abasto en Toluca.
El agua no puede seguir siendo un privilegio. El desabasto en Toluca es un reflejo de la negligencia administrativa, y la ciudadanía merece respuestas reales, no promesas vacías.
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