Habitantes cercanos al mercado Bazar Siglo XXI, conocido como El Piojo, denuncian presuntas actividades ilícitas, venta de alcohol a menores y bares clandestinos. Piden la intervención urgente de las autoridades municipales.
Residentes de la zona colindante con el Bazar Siglo XXI, popularmente llamado “El Piojo”, lanzaron un llamado urgente a las autoridades municipales debido a una serie de situaciones que, afirman, ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de adolescentes, familias y visitantes del mercado.
De acuerdo con testimonios recopilados, las denuncias ya se han presentado previamente, pero según vecinos no se ha observado una respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes.
Uno de los principales señalamientos es la venta abierta de bebidas alcohólicas sin permisos correspondientes, así como la aparente ausencia de cumplimiento de la ley seca durante los horarios establecidos.
Habitantes de la zona aseguran que, dentro del mercado, operan establecimientos que funcionan como bares clandestinos, lo que ha transformado un espacio originalmente familiar en un entorno con actividad nocturna y consumo descontrolado de alcohol.
Vecinos también señalan que menores de edad tendrían acceso y presencia en estos puntos de venta, lo que agrava la preocupación sobre la falta de supervisión y regulación.
Los reportes ciudadanos incluyen también la presunta circulación de sustancias prohibidas dentro del inmueble, así como la venta de artículos de dudosa procedencia. Dichas actividades, aseguran, se realizan de manera abierta sin que exista intervención o vigilancia suficiente.
Estas condiciones han generado un ambiente de inseguridad, afectando no solo a los consumidores y trabajadores, sino también a quienes transitan y viven en los alrededores.
Otro de los aspectos señalados es la presencia de menores desempeñando labores sin supervisión adulta ni condiciones adecuadas, lo que contraviene los lineamientos de protección a la infancia establecidos en la ley.
Familias del área indican que esta situación lleva meses normalizándose, pese a las advertencias y solicitudes formales enviadas a las autoridades.
Ante el crecimiento de estas problemáticas, residentes hicieron un llamado directo para que se realicen inspecciones transparentes, se atiendan las denuncias previas y se apliquen las sanciones correspondientes en caso de detectarse irregularidades.
Muchos vecinos expresan preocupación adicional por la posibilidad de colusión o desinterés institucional, dado que afirman el mercado continúa operando sin modificaciones ni supervisión visible.
En conclusión, las personas afectadas recalcan que su petición no busca dañar la actividad comercial del mercado, sino recuperar un espacio seguro, familiar y regulado, donde se respeten las leyes y se proteja a la comunidad.
“Necesitamos acciones reales para proteger a nuestros hijos, a nuestros vecinos y a quienes vivimos en las inmediaciones”, expresaron algunos habitantes, insistiendo en que la situación debe atenderse a la brevedad.
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