Por Miguel Ernesto Leetch San Pedro, Magistrado de Circuito adscrito al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.
La confianza ciudadana en las instituciones públicas no se decreta, no se presume y, mucho menos, se hereda. Se construye —y se reconstruye— a partir de actos concretos, verificables y, sobre todo, excepcionales en un contexto donde la opacidad y la desafección institucional han sido la regla durante años.
De ahí que el primer informe de labores del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, presentado el pasado 21 de enero de 2026, merezca algo más que una mención protocolaria. No por su sola existencia —pues informar es una obligación constitucional—, sino porque inaugura un ejercicio inédito de rendición de cuentas en un ámbito particularmente sensible: la disciplina judicial.
Hablar de disciplina judicial es hablar del nervio más delicado del sistema de justicia. No se trata únicamente de sancionar conductas indebidas, sino de preservar la credibilidad del juez como garante último de los derechos fundamentales. Por ello, durante décadas, estos órganos han operado bajo una lógica de reserva extrema, muchas veces justificada en la autonomía judicial, pero otras tantas confundida con silencio institucional.
El informe presentado rompe, al menos simbólicamente, con esa inercia. Coloca sobre la mesa información, criterios de actuación, resultados preliminares y, sobre todo, una narrativa institucional que asume que la legitimidad del Poder Judicial ya no puede sostenerse únicamente en la investidura constitucional, sino en la confianza pública cotidiana.
Este punto es crucial. La transparencia no puede seguir siendo entendida como un acto administrativo ni como una concesión política. La transparencia efectiva es un deber democrático y una herramienta de pedagogía institucional. Permite que la ciudadanía comprenda no sólo qué hacen las instituciones, sino por qué lo hacen y bajo qué límites.
En un país donde la percepción de impunidad ha permeado incluso a los órganos encargados de impartir justicia, la sola disposición a informar, explicar y someterse al escrutinio público representa un primer paso para cerrar la brecha entre el Poder Judicial y la sociedad a la que sirve. No es suficiente, desde luego, pero sí necesario.
La confianza institucional se erosiona lentamente, casi en silencio, cuando los procesos son incomprensibles, cuando las decisiones no se explican y cuando los órganos del Estado parecen hablar únicamente entre sí. Por el contrario, comienza a reconstruirse cuando se reconoce que la ciudadanía no es un espectador pasivo, sino un destinatario legítimo de la acción pública.
Este primer informe de labores no debe verse como un hecho aislado ni como una excepción celebrable, sino como un estándar que debe consolidarse y replicarse. La rendición de cuentas no puede depender de la voluntad de quienes encabezan las instituciones, sino convertirse en una práctica estructural, periódica y exigible.
En tiempos de polarización, desconfianza y cuestionamientos constantes al Estado de derecho, los actos que fortalecen la legitimidad institucional son, paradójicamente, los menos estridentes. Informar, explicar y asumir responsabilidades no genera titulares espectaculares, pero sí construye algo mucho más valioso: credibilidad.
Si los Tribunales de Disciplina Judicial –tanto federal, como de los estados- logran que este ejercicio se consolide y evolucione hacia una transparencia sustantiva —no sólo informativa, sino evaluable—, habrá dado un paso relevante en una tarea que hoy resulta ineludible: demostrar que la justicia también se somete al escrutinio público.
Porque, al final, la confianza ciudadana no se reclama; se merece. Y en un Estado constitucional, ninguna institución está exenta de probarlo.
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