Vecinos de Toluca alzaron la voz para denunciar la presunta pinta ilegal de bardas realizada en días recientes por la diputada local Paola Jiménez Hernández. De acuerdo con los testimonios recabados, las intervenciones se habrían hecho sin el consentimiento de los propietarios de los inmuebles, lo que ha generado inconformidad y cuestionamientos sobre el respeto a la ley por parte de la legisladora.
Acusan uso indebido de propiedad privada
Habitantes afectados señalaron que no se trata de simples muros abandonados, sino de propiedad privada, lo que convierte el hecho en una posible falta administrativa e incluso en un acto que podría constituir daño patrimonial.
“Una barda no es un espacio público disponible para promoción política; pertenece a alguien y debe respetarse”, expresó uno de los vecinos inconformes, quien pidió mantener su identidad en reserva.
El malestar crece debido a que las pintas tendrían fines de posicionamiento político, lo que, según los denunciantes, agrava la situación al involucrar recursos y estrategias de promoción personal.
Mayor responsabilidad al tratarse de una servidora pública
En caso de confirmarse que no existió autorización de los propietarios, la conducta podría implicar responsabilidades adicionales por tratarse de una servidora pública.
En México, el marco legal establece que ningún particular (y mucho menos un funcionario) puede intervenir o utilizar bienes privados sin el consentimiento explícito de sus dueños. El hecho de ocupar bardas para fines políticos sin permiso no solo vulnera derechos de propiedad, sino que envía un mensaje contradictorio respecto al respeto al Estado de Derecho.
Vecinos de Toluca hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para que se investigue lo ocurrido y, en su caso, se determinen las sanciones correspondientes. Subrayaron que permitir este tipo de prácticas podría sentar un precedente negativo en el municipio.
Asimismo, señalaron que los servidores públicos deben ser los primeros en cumplir la ley y actuar con ética, especialmente en contextos donde la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas.
El señalamiento contra Paola Jiménez Hernández ocurre en un momento donde la ciudadanía demanda mayor congruencia entre el discurso político y las acciones en territorio. Para diversos sectores, este tipo de acciones deteriora la confianza pública y refuerza la percepción de que algunos actores políticos colocan sus intereses por encima del respeto a la legalidad.
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