Documentos históricos exponen el seguimiento de la antigua Dirección Federal de Seguridad al hoy gobernador con licencia de Sinaloa
El nombre de Rubén Rocha Moya vuelve a colocarse en el centro de la polémica luego de que salieran a la luz documentos históricos atribuidos a la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), donde se detalla que el político sinaloense fue vigilado desde finales de la década de 1960 por sus actividades estudiantiles, sindicales y su cercanía con movimientos de izquierda.
Los archivos, elaborados por organismos de inteligencia del antiguo sistema político mexicano, describen a Rocha Moya como una figura con una marcada tendencia de “carácter socialista”, vinculándolo con protestas universitarias, movimientos campesinos, organizaciones sociales y grupos considerados radicales durante la época de la llamada “guerra sucia” en México.
La vigilancia comenzó en 1968
De acuerdo con los documentos históricos, el seguimiento contra Rocha Moya inició en 1968, un año marcado por la represión política en México y por el crecimiento de movimientos estudiantiles y organizaciones sociales en distintas partes del país.
Los reportes de inteligencia señalan que el entonces estudiante participaba en actividades relacionadas con huelgas, protestas y estructuras sindicales, además de mantener contacto con organizaciones de tendencia izquierdista.
Algunos archivos incluso mencionan presuntas conexiones ideológicas con sectores cercanos al movimiento guerrillero encabezado por Lucio Cabañas, una de las figuras más perseguidas por el Estado mexicano durante los años setenta.
Aunque los documentos no representan una sentencia judicial ni prueban delitos, sí muestran el nivel de vigilancia política ejercido por el gobierno mexicano sobre líderes estudiantiles y activistas sociales de aquella época.
Del activismo político a la gubernatura de Sinaloa
Décadas después de aquellos expedientes elaborados por la DFS, Rocha Moya logró consolidar una carrera política dentro de la izquierda mexicana hasta convertirse en gobernador de Sinaloa.
Sin embargo, su trayectoria enfrenta ahora una nueva tormenta política y mediática tras las acusaciones que han surgido desde Estados Unidos.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo ha señalado en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en donde supuestamente se investiga apoyo político y posibles sobornos relacionados con operaciones de narcotráfico.
Hasta el momento, Rocha Moya ha rechazado públicamente los señalamientos y no existe una sentencia en su contra.
Los documentos reavivan el debate político
La difusión de estos archivos históricos ha provocado un intenso debate en redes sociales y círculos políticos, donde algunos consideran que se trata de evidencia sobre el pasado ideológico del mandatario, mientras otros sostienen que refleja las prácticas de espionaje político que el Estado mexicano ejercía contra estudiantes, sindicalistas y opositores durante el siglo XX.
La antigua DFS fue señalada durante años por operar mecanismos de seguimiento, infiltración y vigilancia contra movimientos sociales, especialmente durante los gobiernos del periodo priista.
Hoy, los documentos vuelven a colocar bajo el reflector el pasado político de Rocha Moya en medio de una de las etapas más tensas para la política de Sinaloa y la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y narcotráfico.
Rocha Moya y la presión política en Sinaloa
La aparición de estos expedientes ocurre además en un contexto de fuerte presión política en Sinaloa, donde la violencia, las disputas internas y las investigaciones internacionales han incrementado el escrutinio sobre actores políticos locales.
Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones encontradas entre quienes ven en estos documentos una pieza histórica sobre la vigilancia gubernamental en México y quienes consideran que podrían impactar aún más la imagen pública del gobernador con licencia.
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