El despliegue de policías durante una actividad cultural dirigida a niñas y niños en el fraccionamiento San Antonio, en Cuautitlán Izcalli, provocó un nuevo enfrentamiento político entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el gobierno municipal encabezado por Daniel Serrano Palacios.
El partido exigió la destitución del alcalde y pidió investigar la actuación de los cuerpos de seguridad, luego de acusar que alrededor de 150 elementos armados y 35 patrullas participaron en un operativo para impedir una representación teatral infantil.
De acuerdo con el posicionamiento del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, durante la intervención se habrían registrado empujones contra vecinos, retiro forzado de mobiliario y utilería, además de detenciones de colaboradores de la actividad. Estas acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
El episodio abre cuestionamientos sobre las prioridades de la administración municipal: ¿por qué una actividad cultural en un espacio de convivencia familiar terminó en un despliegue de esta magnitud?
PAN pide investigar a mandos de seguridad y esclarecer las detenciones
La dirigencia panista anunció que promoverá denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y quejas ante organismos de derechos humanos para que se investiguen los hechos denunciados.
La exigencia no se limita al presidente municipal. El PAN también señaló a Alejandra Penélope Becerra Flores, comisaria de Seguridad Ciudadana, por su presunta participación en la coordinación del operativo, así como a Luis Trejo Hernández, a quien atribuye una posible intervención en las detenciones reportadas por ciudadanos y colaboradores.
Entre los puntos que el partido considera indispensables para esclarecer lo ocurrido se encuentran las órdenes que justificaron el despliegue, el fundamento legal de la intervención, la cadena de mando y las razones por las que algunas personas habrían sido detenidas.
Hasta que las autoridades presenten información y las investigaciones determinen responsabilidades, las acusaciones deben mantenerse como señalamientos pendientes de comprobación.
La revisión de permisos para realizar actividades en espacios públicos puede formar parte de las atribuciones municipales, pero ningún procedimiento administrativo justifica por sí mismo posibles abusos, intimidaciones o vulneraciones a los derechos de la ciudadanía.
Inseguridad en Cuautitlán Izcalli: cuestionan el uso de recursos policiales
Otro de los argumentos del PAN es el contraste entre el despliegue denunciado en San Antonio y las necesidades de seguridad que enfrentan distintas comunidades del municipio.
El partido mencionó colonias como Infonavit Norte, La Quebrada, La Ferrocarrilera y Jardines de la Hacienda, donde, según su posicionamiento, los habitantes requieren mayor presencia policial para prevenir delitos y proteger su patrimonio.
La crítica pone sobre la mesa una pregunta incómoda para el gobierno de Daniel Serrano: ¿se están utilizando los recursos de seguridad de acuerdo con las principales necesidades de la población?
La presencia de decenas de patrullas y numerosos elementos en una actividad dirigida a menores de edad, de confirmarse en los términos denunciados, ameritaría una explicación pública sobre la proporcionalidad de la intervención y las instrucciones que recibieron los agentes.
El PAN sostiene que el alcalde tiene responsabilidad política y administrativa sobre las corporaciones municipales, por lo que considera insuficiente una respuesta que no esclarezca quién ordenó el operativo y bajo qué argumentos se ejecutó.
La ciudadanía no debería tener que elegir entre disfrutar de actividades culturales y sentirse segura frente a las autoridades. Si hubo irregularidades, deben investigarse y sancionarse conforme a derecho; si existió una justificación legal para el despliegue, el gobierno municipal debe hacerla pública.
En Cuautitlán Izcalli, el problema ya no se limita a una representación teatral: está en juego la confianza de las familias en sus instituciones. ¿El gobierno de Daniel Serrano aclarará lo ocurrido y transparentará las órdenes del operativo, o dejará que las denuncias ciudadanas sigan sin una respuesta convincente?
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