La Fiscalía del Estado de México ha ejecutado nueve órdenes de aprehensión relacionadas con un presunto esquema de venta ilegal de plazas en el sector educativo. Las indagatorias también alcanzan a personas que habrían cobrado salarios sin desempeñar funciones públicas.
Toluca, Estado de México. Las investigaciones por el presunto esquema de venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) continúan ampliándose. En los últimos días, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutó nueve órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y servidores públicos en activo, mientras una décima persona permanece prófuga.
De acuerdo con información de autoridades de procuración de justicia, los detenidos son investigados por su posible participación en una red que habría operado la asignación irregular de plazas y movimientos administrativos dentro de la administración estatal.
Funcionarios de distintas áreas, entre los detenidos
Las personas detenidas desempeñaban cargos relacionados con áreas administrativas, recursos humanos, remuneraciones, tecnologías de la información y bases de datos tanto en la SECTI como en la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México.
Entre los investigados se encuentran exdirectivos y funcionarios que, presuntamente, tuvieron participación en procesos vinculados con la administración de personal y la asignación de plazas gubernamentales.
Asimismo, la Fiscalía mantiene vigente una orden de aprehensión contra un exdirector de Personal de la Oficialía Mayor, quien hasta el momento es considerado prófugo de la justicia.
Con información de fuentes de seguridad y justicia les puede detallar que hasta la noche de este jueves se habían ejecutado con éxito nueve mandamientos judiciales y una fuga. Los detenidos son funcionarios en activo tanto de la SECTI, como de la Oficialía Mayor, serían:
1. OSCAR GUZMAN ARAGON, Ex subsecretario de Administración y ex Director de Personal del Gobierno del Estado de México.
2. DANIEL ARTURO GOMEZ LOPEZ. Delegado Administrativo del Subsistema de Educación Básica
3. DAVID FLORES GALLEGOS, Director de Sistema de Tecnologías de la Información.
4. ARACELI LAGUNAS, Directora de Remuneraciones de Personal.
5. JUAN ALBERTO PASTRANA LOPEZ, Delegado Administrativo de la Dirección General de Personal de Oficialía Mayor.
6. YUNUEN AMBRIZ GARCIA, Subdirectora de la Base de Datos de la Dirección de Personal
7. FABIOLA NÚÑEZ, adscrita a Dirección de Personal.
8. CRISTOPHER DELGADILLO, Subdirector de Desarrollo Tecnológico de la Dirección de Personal.
La décima orden de aprehensión corresponde -según fuentes judiciales- a Jaime Rodolfo Alejandro López, ex director de Personal de la Oficialía Mayor, quien oficialmente esta declarado como prófugo de la justicia.
Y aquí es donde las pesquisas y operativos toman un nuevo enfoque sobre la “Venta de Plazas y más de 300 Aviadurías” en la Secretaría de Educación, porque ocho de los nueve detenidos y el evadido de la ley, son exempleados y actuales funcionarios de la Oficialía Mayor.
Otro dato que llama la atención es que los últimos cuatro directores de Personal, tanto de la Secretaría de Finanzas en el gobierno priista de Alfredo del Mazo y como de la Oficialía Mayor del gobierno morenista, están nombrados y/o señalados en la carpeta de investigación de la Fiscalía mexiquense que tratará de imputar a todos los involucrados delitos como el desvío de recursos, cohecho y peculado. Y vean le estatus jurídico de cada uno:
1. Oscar Guzmán Aragón (septiembre del 2017 a abril del 2021), DETENIDO
2. Rodolfo Alejandro López Videz (abril 2021 a septiembre 2023), PRÓFUGO
3. Jaime Noé Hernández Bocanegra (septiembre de 2023 a septiembre 2025), AMPARADO
4. Armando González Zozaya (octubre 2025 a la fecha), EN ACTIVO.
Es decir, al menos tres de los últimos cuatro Directores de Personal de Gobierno del Estado de México han tenido vínculos laborales con la ex Oficial Mayor.
Investigación alcanza a exdirectores de Personal
Uno de los aspectos que ha llamado la atención en las investigaciones es que la carpeta de investigación incluye referencias a quienes ocuparon la Dirección de Personal durante las administraciones estatal anterior y la actual.
De acuerdo con la información disponible, algunos exfuncionarios enfrentan procesos judiciales, otros cuentan con medidas de protección legal y uno más continúa desempeñando funciones dentro de la administración pública.
Las autoridades ministeriales buscan determinar el grado de participación de cada persona involucrada conforme avance la integración de las carpetas de investigación.
Delitos que investiga la Fiscalía
Las indagatorias contemplan posibles responsabilidades por delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, entre ellos presunto peculado, cohecho y desvío de recursos.
Será el Ministerio Público quien determine, con base en las pruebas recabadas, si existen elementos suficientes para formular imputaciones y solicitar la vinculación a proceso de las personas investigadas.
El siguiente paso: revisar el caso de los presuntos “aviadores”
Además de investigar a quienes presuntamente operaban el esquema administrativo, las autoridades podrían ampliar las pesquisas hacia las personas que habrían recibido pagos sin desempeñar funciones dentro de la administración pública, conocidas coloquialmente como “aviadores”.
Las investigaciones buscan esclarecer si dichas personas participaron de manera consciente en el presunto esquema o si, por el contrario, algunas fueron utilizadas sin su conocimiento para registrar plazas o realizar cobros indebidos.
Especialistas en derecho administrativo señalan que, dependiendo de cada caso, podrían existir responsabilidades tanto administrativas como penales para servidores públicos y particulares, siempre sujetas a las investigaciones y resoluciones de las autoridades competentes.
Caso continúa en desarrollo
El presunto fraude relacionado con la venta de plazas y la existencia de cientos de movimientos irregulares representa uno de los expedientes de mayor impacto dentro de la administración pública estatal en los últimos años.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abiertas las investigaciones y no se descarta que puedan ejecutarse nuevas órdenes de aprehensión conforme avance la integración de pruebas y declaraciones.
Hasta el momento, todas las personas señaladas en este caso conservan su derecho a la presunción de inocencia, por lo que su responsabilidad penal únicamente podrá establecerse mediante una sentencia firme emitida por un órgano jurisdiccional.
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