El trabajo infantil en el Estado de México no siempre ocurre en lugares ocultos. Está en los cruceros, mercados, talleres, calles y negocios donde niñas, niños y adolescentes realizan actividades que, muchas veces, pasan frente a los ojos de todos sin generar una reacción.
De acuerdo con la información proporcionada, la última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del INEGI registró 373 mil 833 menores de entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil en el Estado de México, la cifra absoluta más elevada entre las entidades del país.
Detrás del número existen historias familiares marcadas por la necesidad económica, pero también un problema estructural: cuando trabajar deja de ser una ayuda ocasional y se convierte en una obligación para sostener el hogar, la educación y el desarrollo de los menores quedan en segundo plano.
Trabajo infantil: cuando la necesidad desplaza a la escuela
La legislación mexicana establece restricciones claras para el empleo de menores y fija los 15 años como edad mínima general para trabajar. Sin embargo, la realidad económica de muchas familias mantiene una distancia importante entre lo que establece la ley y lo que sucede cotidianamente.
Los datos nacionales citados muestran la dimensión de esa problemática. Entre los menores que realizan actividades consideradas no permitidas por la legislación, 42.7% de los niños y 32.8% de las niñas no asisten a la escuela.
En el caso del Estado de México, la situación también está relacionada con la necesidad de generar ingresos. Según la información proporcionada, 53.7% de los niños y adolescentes mexiquenses que dejaron la escuela lo hicieron para contribuir económicamente con sus familias.
Esto plantea una pregunta incómoda: ¿cuántos menores están dejando de estudiar porque sus hogares simplemente no pueden darse el lujo de prescindir de ese ingreso?
Una realidad visible en Toluca y el Valle de México
En las zonas urbanas y periurbanas del Estado de México, particularmente en municipios de las zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca, el trabajo infantil puede observarse en diferentes actividades.
Niñas, niños y adolescentes pueden encontrarse apoyando en puestos de mercados, ayudando en comercios, repartiendo mercancías, limpiando parabrisas o realizando labores en talleres y obras.
La problemática no solamente implica las horas que un menor pasa trabajando. También involucra los riesgos físicos, la falta de descanso, la exposición a accidentes y la posibilidad de que el trabajo termine desplazando definitivamente a la escuela.
Información atribuida a UNICEF señala que estos menores pueden trabajar entre 14 y 28 horas semanales, una carga considerable para alguien que todavía debería tener como prioridad su formación educativa, su descanso y su desarrollo integral.
La pobreza no puede convertirse en destino
Uno de los mayores riesgos al hablar de trabajo infantil es reducir el problema a una decisión familiar. Para muchas familias, enviar a un menor a trabajar no necesariamente representa una elección libre, sino una respuesta ante ingresos insuficientes, falta de oportunidades y condiciones económicas adversas.
Por eso, combatir el trabajo infantil requiere mucho más que retirar a los menores de las calles.
También implica fortalecer los ingresos familiares, garantizar la permanencia escolar, ampliar los apoyos sociales y generar condiciones para que los adultos tengan empleos dignos y suficientes.
Mientras una familia dependa del ingreso generado por sus hijos para poder pagar comida, vivienda o servicios básicos, el problema continuará reproduciéndose.
El costo de mirar hacia otro lado
La normalización quizá sea uno de los aspectos más preocupantes.
Cuando un niño vende productos en un crucero o ayuda durante largas jornadas en un negocio, existe el riesgo de que la sociedad lo interprete simplemente como alguien que “está ayudando a su familia”.
Pero detrás de esa imagen puede existir una historia de abandono escolar, precariedad, explotación o exposición a situaciones peligrosas.
El Estado de México enfrenta así un reto que no puede resolverse únicamente desde las instituciones. También exige una reflexión social.
¿En qué momento dejamos de preguntarnos por qué un niño está trabajando y comenzamos a verlo como algo normal?
Porque si la cifra supera los 373 mil menores, el problema ya no puede considerarse una excepción. Es una realidad que ocurre a plena vista.
Y quizá la pregunta más importante sea todavía más incómoda: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando para una parte de nuestra niñez trabajar deja de ser una opción y se convierte en la única manera de ayudar a sobrevivir a su familia?
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