El secretario general de Gobierno informó que, del 17 al 23 de septiembre, las acciones contra la extorsión impidieron que se entregara casi el 80% del dinero exigido en los casos reportados.
Toluca, Estado de México.— Más de 4.2 millones de pesos que presuntamente serían entregados a extorsionadores no llegaron a manos de los responsables durante la semana del 17 al 23 de septiembre, informó Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México.
De acuerdo con el funcionario, la cantidad evitada representa casi el 80% del monto exigido en los casos reportados durante ese periodo, como resultado de las acciones de prevención y atención a posibles víctimas de este delito.
El anuncio se realizó tras una sesión de la Mesa de Paz, encabezada por Duarte por instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que autoridades estatales y federales revisaron las acciones de seguridad y combate a la extorsión.
En los trabajos participaron representantes del Gobierno de México, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Centro Nacional de Inteligencia.
Duarte señaló que la coordinación entre las instituciones busca fortalecer la seguridad en los 125 municipios mexiquenses, en el marco de los tres años de la actual administración estatal.
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La cifra de más de 4.2 millones de pesos corresponde al dinero que, según el reporte del funcionario, se evitó entregar a presuntos extorsionadores. No significa que esa cantidad haya sido recuperada de cuentas bancarias ni que se haya detenido a todos los responsables.
El dato también abre una discusión sobre el alcance de las estrategias de seguridad: impedir que una persona entregue dinero bajo amenazas puede proteger su patrimonio, pero el combate a este delito también requiere investigar los hechos, identificar a quienes los cometen y brindar atención a las víctimas.
En semanas anteriores, autoridades mexiquenses han informado sobre otros montos que se habrían evitado pagar mediante acciones contra la extorsión. Sin embargo, para dimensionar el impacto de estas medidas es necesario conocer cuántos reportes se atendieron, qué modalidades delictivas se detectaron y cuántas investigaciones derivaron en resultados judiciales.
El Gobierno estatal reiteró el llamado a denunciar cualquier intento de extorsión a través del 089, línea de denuncia anónima.
Evitar que millones de pesos terminen en manos de extorsionadores representa una protección importante para las familias y los negocios. Sin embargo, la seguridad no puede medirse únicamente por el dinero que no se entregó.
Para conocer el alcance real de la estrategia en el Estado de México, también hace falta información sobre las víctimas atendidas, las denuncias que se convierten en investigaciones y los resultados obtenidos contra quienes amenazan o exigen pagos ilegales.
La coordinación entre autoridades es necesaria, pero la ciudadanía también requiere saber si las acciones están reduciendo la incidencia del delito y si quienes denuncian reciben protección y seguimiento.
¿Consideras que evitar el pago de millones de pesos a extorsionadores es suficiente para garantizar la seguridad en el Estado de México, o las autoridades también deberían informar con mayor detalle cuántas víctimas reciben justicia y cuántos responsables son detenidos?
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