Pablo Lemus señaló a presuntos grupos externos por la violencia durante la marcha del 18 de octubre en Jalisco, mientras persisten cuestionamientos de la CNDH sobre la actuación policial.
Lemus señala a grupos externos, pero persisten las preguntas sobre la actuación policial
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, volvió a colocar el foco en la presunta participación de grupos externos durante las manifestaciones del 18 de octubre en Guadalajara. Sin embargo, sus declaraciones dejaron sin respuesta directa varios cuestionamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la posible coordinación entre personas que protagonizaron actos violentos y elementos policiales.
En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario de Movimiento Ciudadano sostuvo que su administración y los manifestantes pacíficos evitaron que grupos de choque se infiltraran en la movilización. También llamó a impedir que personas ajenas al estado, según su versión, provoquen enfrentamientos y desestabilización.
No obstante, el señalamiento sobre presuntos intereses externos no resuelve por sí mismo las dudas acerca de cómo actuaron las autoridades durante las protestas ni deslinda responsabilidades. La investigación de los hechos requiere pruebas, testimonios y una revisión independiente de lo ocurrido.
La controversia se suma a las denuncias por presuntos abusos policiales durante la movilización del 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde personas detenidas denunciaron golpes, amenazas y malos tratos.
CNDH cuestiona la respuesta de las autoridades de Jalisco
La intervención de la CNDH ha puesto bajo escrutinio la actuación de las autoridades estatales. Entre los aspectos que el organismo señaló se encuentra la falta de quejas presentadas inicialmente por las personas detenidas o sus familiares, una circunstancia que consideró motivo de suspicacia y que requiere aclaración.
Además, el 20 de octubre, La Jornada informó que la comisión nacional acusó al gobierno de Jalisco y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de no responder a solicitudes de reunión ni entregar el expediente requerido para profundizar en las indagatorias sobre las detenciones y los presuntos abusos registrados el 11 de octubre.
Estos señalamientos elevan la importancia de que las instituciones involucradas expliquen qué información han entregado, qué diligencias han realizado y cómo garantizarán que las posibles víctimas puedan denunciar sin temor.
La investigación no debe partir de conclusiones anticipadas, pero tampoco puede limitarse a declaraciones públicas. Si existieron abusos, deben identificarse los responsables; si hubo coordinación entre policías y personas violentas, esa hipótesis debe esclarecerse con evidencia.
Destrozos, detenidos y daños millonarios tras la marcha del 18 de octubre
Lemus también condenó los daños registrados durante la movilización del domingo 18 de octubre. De acuerdo con el balance preliminar difundido por el gobierno estatal, hubo 10 personas detenidas, 15 policías con lesiones leves y afectaciones calculadas en 15 millones de pesos al Palacio de Gobierno y al mobiliario urbano.
El gobernador mencionó puertas y ventanas rotas, pintas en edificios públicos y daños en inmuebles del centro de Guadalajara. También denunció el lanzamiento de objetos explosivos contra las sedes del Congreso estatal y del Palacio de Justicia.
Los actos vandálicos deben investigarse y, en su caso, sancionarse conforme a la ley. Sin embargo, esclarecer los daños materiales no sustituye la obligación de investigar las denuncias sobre el uso de la fuerza pública ni permite atribuir responsabilidades colectivas a quienes participaron pacíficamente en la manifestación.
La ciudadanía tiene derecho a manifestarse sin sufrir agresiones ilegítimas, mientras que las autoridades deben proteger a las personas y los bienes públicos. Ambos principios deben aplicarse al mismo tiempo, sin justificar la violencia de particulares ni posibles abusos de servidores públicos.
Las denuncias por presunta tortura en Casa Jalisco siguen bajo escrutinio
El conflicto también está relacionado con los hechos del 11 de octubre, cuando una protesta por la calidad del agua terminó con detenciones y denuncias de presuntas agresiones policiales.
Personas detenidas relataron haber sufrido golpes, insultos y amenazas dentro de Casa Jalisco. Estos testimonios han sido retomados por medios de comunicación y forman parte de los hechos que la CNDH busca investigar. Las acusaciones deben esclarecerse mediante procedimientos independientes y con respeto a los derechos de todas las personas involucradas.
La discusión no puede reducirse a determinar quién provocó los destrozos durante la segunda movilización. También exige conocer qué ocurrió con las personas detenidas en la primera protesta, quiénes participaron en los operativos y si los protocolos de actuación policial se respetaron.
La rendición de cuentas requiere respuestas verificables, no únicamente posicionamientos políticos.
Opinión: señalar a terceros no sustituye la obligación de rendir cuentas
La postura del gobernador abre una pregunta fundamental: ¿por qué las declaraciones sobre presuntos grupos externos no vienen acompañadas, al mismo tiempo, de respuestas detalladas sobre los señalamientos de derechos humanos?
Es legítimo que un gobierno denuncie actos vandálicos y solicite investigar a quienes los cometieron. Pero también debe explicar de manera transparente cómo actuaron sus corporaciones policiales y qué medidas adoptará para esclarecer las denuncias de posibles abusos.
Desviar la conversación hacia supuestos intereses políticos, sin resolver las preguntas centrales, puede profundizar la desconfianza de una sociedad que exige seguridad, agua de calidad y respeto a sus derechos. La responsabilidad pública implica atender todas las líneas de investigación, incluso aquellas que puedan involucrar a funcionarios de la propia administración.
La CNDH debe contar con los elementos necesarios para realizar su trabajo, y las autoridades estatales tienen la oportunidad de demostrar su disposición a colaborar con información completa y verificable. Al mismo tiempo, cualquier acusación debe investigarse sin prejuzgar culpabilidades.
¿Consideras que el gobierno de Pablo Lemus está ofreciendo respuestas suficientes ante los señalamientos de la CNDH, o debería explicar con mayor claridad la actuación policial y los avances de las investigaciones?
La ciudadanía merece conocer la verdad sobre los hechos del 11 y 18 de octubre. La transparencia no consiste solamente en condenar la violencia que afecta edificios y comercios, sino también en garantizar que cualquier posible abuso de autoridad sea investigado y, si se acredita, sancionado conforme a la ley.
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