En un caso que ha conmocionado a Guatemala y ha resaltado graves fallos en el sistema penitenciario, un tribunal ha iniciado procesos judiciales contra 29 individuos, incluyendo 20 guardias de prisión, por su implicación en una red que introducía ilegalmente a menores en instalaciones carcelarias. Según reportes de la fiscalía, estas jóvenes eran posteriormente abusadas sexualmente por miembros encarcelados de la pandilla Barrio 18.
La fiscalía, representada por su vocera María José Mansilla, reveló que el grupo de acusados también incluye a un oficial de la Policía y ocho civiles vinculados directamente con la pandilla. La investigación ha descubierto que niñas entre los 12 y 16 años eran sistemáticamente reclutadas y llevadas a las cárceles con el propósito nefasto de ser integradas a la pandilla mediante abusos y coacciones.
Este método de reclutamiento incluía la utilización de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, además de contactos en centros educativos y redes humanas, subrayando un nivel sofisticado y alarmante de organización dentro de esta red criminal.
Una vez reclutadas, las menores eran instruidas para cometer delitos como nuevas miembros de la pandilla, siendo preparadas específicamente para sus visitas a las cárceles donde eran abusadas. Esta práctica no solo representa una violación grave de los derechos humanos de las víctimas, sino que también expone deficiencias críticas en la supervisión y seguridad dentro del sistema penitenciario guatemalteco.
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