En un acontecimiento sin precedentes en la Ciudad de México, las corridas de toros han sido suspendidas nuevamente gracias a una acción legal impulsada por la asociación civil Va por sus Derechos. Este grupo activista obtuvo una medida cautelar favorable dictada por el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, lo que ha llevado a un debate renovado sobre la ética y la legalidad de este “tradicional” y condenable espectáculo.
La jueza Minerva Herlinda Mendoza Cruz, encargada del caso, concedió una suspensión provisional el pasado 23 de abril, lo que resulta en una paralización inmediata de los eventos taurinos y el cese en la emisión de permisos para tales actividades en la capital. Este fallo destaca la importancia de considerar el bienestar animal y el impacto medioambiental en las decisiones judiciales, reflejando una creciente conciencia sobre los derechos de los animales en el marco legal mexicano.
El artículo cuarto de la Constitución Mexicana, que garantiza el derecho a un medio ambiente sano, fue el fundamento principal para la decisión de la juzgadora. Esta determina que la vulneración de este derecho humano se manifiesta directamente en el trato hacia los animales involucrados en las corridas, identificándolos como elementos esenciales del ecosistema natural.
Una característica notable de esta medida es que se otorgó sin la necesidad de una garantía monetaria, subrayando la prioridad de los derechos fundamentales sobre consideraciones económicas en casos de significativa relevancia social y ecológica.
El próximo 10 de mayo se espera una audiencia incidental donde se determinará si la suspensión será definitiva. Este evento es crítico no solo para la comunidad de defensores de los derechos animales sino también para los sectores que apoyan las tradiciones taurinas, marcando un momento definitorio en el debate sobre la cultura y la legalidad en México.
La medida cautelar actual sigue a una decisión similar tomada en enero por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, que también dictaminó la suspensión de estas prácticas en la Alcaldía Benito Juárez, estableciendo un precedente importante para futuras acciones legales en este ámbito.
Este caso ha reavivado el diálogo sobre el balance entre tradición y progreso ético, y podría ser un punto de inflexión en cómo la ley mexicana ve y trata a los animales en actividades de entretenimiento. Con cada decisión de este tipo, México se acerca un paso más hacia un enfoque más compasivo y justo en el tratamiento de todos los seres vivos.
