El pasado 24 de octubre, Mónica Andrade, una fotógrafa de eventos sociales, vivió una experiencia que marcó su vida y la de su familia. Mientras llevaba a su hija de siete años a la escuela en Santiago Tlacotepec, Toluca, fue víctima de una detención violenta y sin fundamentos claros. Según su testimonio, los oficiales involucrados no solo exhibieron abuso de autoridad, sino que también intentaron extorsionarla, acusándola falsamente de ser parte de una banda de “montachoques”.
Mónica relata cómo fue interceptada en el camino, en un operativo que califica como desproporcionado.
“Nos apuntaban con armas, iba acompañada con mi nena de 7 años y no me decían por qué me detenían”, expresó, aún conmocionada. Su negativa inicial a descender del vehículo fue motivada por el miedo, exigiendo la presencia de alguien que conociera antes de obedecer.
La detención, que carecía de justificación aparente, rápidamente se transformó en una solicitud de soborno. Inicialmente, le pidieron 50 mil pesos, cifra que luego redujeron a 15 mil, prometiendo liberarla “por la puerta de atrás”. Sin embargo, Mónica decidió no ceder a la extorsión.
Tras su arresto, Mónica fue trasladada al Ministerio Público de Metepec, donde permaneció detenida por 48 horas en condiciones deplorables. Durante su estancia, sufrió agresiones físicas, según denunció.
“Recuerdo unas botitas amarillas, era un hombre más alto que yo, complexión mediana. Querían dinero, ese era el objetivo”, afirmó.
La pesadilla no terminó con su liberación. Tras el incidente, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones que la acusaban falsamente de ser parte de una banda delictiva, utilizando un nombre falso.
“Dicen que me llamo Rosalba, cuando obviamente ese no es mi nombre, yo me llamo Mónica”, aclaró. Las imágenes difundidas contribuyeron a una ola de desinformación que dañó su reputación.
A pesar de haber salido del Ministerio Público, Mónica no ha podido recuperar su automóvil confiscado durante el operativo. Los trámites entre agencias de tránsito y corralones en Toluca y Metepec no han arrojado resultados, ya que su carpeta de investigación parece haberse “extraviado”. A fecha su situación sigue sin resolverse.
Mónica Andrade no solo busca recuperar su automóvil, sino también justicia por las agresiones físicas y psicológicas sufridas, así como por el daño a su reputación. Más allá de su caso personal, teme que situaciones similares puedan repetirse, afectando a otros ciudadanos inocentes.
“Quiero que alguien asuma la responsabilidad por lo que me hicieron pasar a mí y a mi hija. No quiero que esto le pase a nadie más”, declaró.
Este caso pone en evidencia la necesidad de un escrutinio más riguroso de las fuerzas de seguridad y de un sistema que garantice los derechos de las personas. La denuncia de Mónica Andrade refleja una realidad preocupante en la que la corrupción y el abuso de autoridad continúan vulnerando a ciudadanos inocentes.
En conclusión, la historia de Mónica Andrade es un llamado urgente a las autoridades para garantizar la justicia y erradicar prácticas corruptas en los cuerpos de seguridad. Mientras Mónica y su familia buscan recuperar la normalidad tras este traumático episodio, su caso resuena como un ejemplo del camino que aún queda por recorrer para proteger los derechos humanos en México.
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