Amigo israelí de Peña Nieto deberá pagar 6.3 millones de dólares por disputa ligada al caso Pegasus

Enrique Peña Nieto
Enrique Peña Nieto

Avishai Neriah, empresario israelí vinculado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con negocios de tecnología, seguridad y espionaje en México, fue condenado por un tribunal de Jerusalén a pagar 6.3 millones de dólares a su antiguo socio, en un litigio que incluye señalamientos sobre presuntas inversiones realizadas para obtener acceso a las altas esferas del poder mexicano.

El nombre de Avishai Neriah volvió a aparecer en el centro de la polémica después de que un tribunal de Jerusalén ratificara una resolución arbitral que obliga al empresario y a su hermano, Yitzhak Neriah, a cubrir alrededor de 6.3 millones de dólares, además de compensaciones y gastos judiciales.

El caso adquirió especial relevancia porque dentro de la disputa entre Neriah y su antiguo socio, Uri Ansbacher, aparecen referencias a una supuesta inversión de hasta 25 millones de dólares relacionada con quien en los documentos es identificado como “N” o “el N electo”, descripción que apunta al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto.

La resolución judicial israelí no establece que Peña Nieto haya recibido personalmente ese dinero ni constituye una condena en su contra. Sin embargo, el expediente sí expone afirmaciones sobre una relación comercial y política que, según el arbitraje, habría permitido a los empresarios acercarse a funcionarios y círculos de poder en México.

¿Qué relación tiene el caso con Enrique Peña Nieto y Pegasus?

La controversia tiene como telón de fondo el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018, años en los que Neriah y Ansbacher desarrollaron negocios como intermediarios de compañías israelíes relacionadas con tecnología de seguridad, vigilancia y sistemas de inteligencia.

Entre los productos comercializados en México estuvo Pegasus, el software desarrollado por la empresa israelí NSO Group que fue adquirido por instituciones gubernamentales mexicanas.

El programa se convirtió posteriormente en uno de los mayores escándalos de espionaje de la administración Peña Nieto, luego de que investigaciones periodísticas documentaran intentos de vigilancia contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y otras figuras públicas.

La compra de Pegasus también quedó relacionada con las investigaciones contra Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, quien enfrenta acusaciones por diversos delitos vinculados con el manejo de recursos públicos y otras irregularidades. Zerón se encuentra en Israel, país al que llegó después de abandonar México.

De acuerdo con la información del litigio israelí, Neriah y Ansbacher aprovecharon durante aquellos años sus conexiones con autoridades mexicanas para participar en operaciones comerciales de distintos tipos, entre ellas tecnología de vigilancia, drones, sistemas de localización y equipamiento de seguridad.

Una disputa empresarial que terminó en los tribunales

El origen inmediato del caso se encuentra en la ruptura comercial entre Neriah y Ansbacher.

Tras separarse, ambos recurrieron a un panel de arbitraje religioso integrado por tres rabinos para resolver sus diferencias económicas. El procedimiento permaneció reservado hasta que sus contenidos fueron conocidos públicamente mediante una investigación periodística.

Dentro del expediente, Ansbacher sostuvo que había destinado importantes cantidades de dinero a lo que denominó una inversión relacionada con una persona de alto nivel político en México.

Aunque el documento no menciona directamente a Peña Nieto, los datos incluidos en el expediente —como que la persona fue elegida presidente en 2012, concluyó su mandato en 2018 y era presidente de México— permiten identificar al entonces mandatario.

Uno de los puntos más llamativos es que el expediente describió esa relación como un activo comercial para ambos empresarios y señaló que sus conexiones les habrían permitido acceder a niveles elevados de la administración pública mexicana.

El arbitraje también abordó una reclamación relacionada con reuniones con el entonces presidente. Ansbacher había solicitado una compensación por encuentros que, según su versión, Neriah se había comprometido a conseguir.

Sin embargo, esa parte de la reclamación no prosperó en los términos planteados.

Posteriormente, el conflicto llegó a los tribunales ordinarios de Israel. El Tribunal de Distrito de Jerusalén ratificó el laudo arbitral y ordenó a Avishai e Yitzhak Neriah pagar los 6.3 millones de dólares, además de otros conceptos derivados del proceso.

La resolución también generó consecuencias para Yitzhak Neriah debido a referencias a organizaciones que habrían sido utilizadas para canalizar recursos bajo la apariencia de donaciones. El tribunal remitió elementos del caso a autoridades israelíes para que determinaran si existían posibles irregularidades fiscales o administrativas.

Neriah y su cercanía con Peña Nieto

La relación entre Avishai Neriah y Enrique Peña Nieto no sería reciente.

Durante su administración, Peña Nieto nombró a Neriah como cónsul honorario de México en Haifa, mientras que ambos también fueron vistos juntos durante actividades relacionadas con figuras políticas israelíes.

La relación volvió a llamar la atención recientemente después de que ambos fueran fotografiados en una boda celebrada en Portofino, Italia, acompañados de otros empresarios.

La imagen cobró relevancia debido a que ocurrió pocos días después de la resolución judicial israelí que involucraba a Neriah y a su antiguo socio.

Peña Nieto ha rechazado públicamente tener relación con los contratos que beneficiaron a empresas vinculadas con Neriah y Ansbacher.

Por ello, el contenido del arbitraje debe interpretarse con cuidado: que un documento judicial describa una supuesta inversión relacionada con una figura política identificable no significa automáticamente que esa persona haya recibido un soborno ni que haya cometido un delito.

La diferencia es fundamental, particularmente cuando se habla de acusaciones de corrupción y financiamiento político.

México, Israel y el problema de la extradición

Otro elemento que rodea la historia es la ausencia de un tratado bilateral de extradición entre México e Israel.

Esta circunstancia ha sido señalada como un factor relevante en casos de personas investigadas en uno de los dos países que permanecen en el territorio del otro.

En el caso de Tomás Zerón, por ejemplo, su permanencia en Israel ha representado durante años un obstáculo para que las autoridades mexicanas puedan llevarlo nuevamente ante la justicia mexicana.

En el caso de Neriah, investigaciones periodísticas israelíes han señalado que el empresario se trasladó a México después de que comenzaran a conocerse detalles de su conflicto judicial con Ansbacher.

La situación adquiere especial interés porque, al mismo tiempo, autoridades mexicanas han mencionado investigaciones relacionadas con operaciones comerciales realizadas durante gobiernos anteriores.

Entre ellas aparece un polémico contrato para la adquisición de un helicóptero Black Hawk por parte de autoridades de seguridad del Estado de México, operación en la que también habría aparecido el nombre de Neriah como intermediario y que ha sido objeto de revisión.

Pegasus y las preguntas que siguen pendientes

El caso vuelve a colocar a Pegasus en el centro de la discusión sobre el uso de tecnología de espionaje por parte del Estado mexicano.

La polémica no se limita a cuánto dinero se pagó por el software. El punto de mayor preocupación es determinar quién ordenó las intervenciones, contra quiénes fueron dirigidas y bajo qué mecanismos de control se utilizaron las herramientas de vigilancia.

Durante años, investigaciones periodísticas y testimonios han señalado que Pegasus fue empleado para intentar acceder a teléfonos de periodistas, activistas y personas relacionadas con investigaciones de alto interés público.

Uno de los casos judiciales derivados del escándalo involucró a Juan Carlos García Rivera, trabajador relacionado con empresas señaladas en las investigaciones. Después de permanecer encarcelado durante años, fue absuelto en 2024 debido a que un juez consideró que la Fiscalía no había presentado pruebas suficientes para acreditar los delitos que se le imputaban.

El episodio dejó una pregunta más amplia: si hubo una estructura de espionaje ilegal, ¿quiénes tomaban realmente las decisiones y quiénes se beneficiaron de ella?

Opinión Notidex

El expediente judicial de Jerusalén no demuestra por sí mismo que Enrique Peña Nieto haya recibido los millones de dólares mencionados en el litigio. Tampoco sustituye una investigación penal mexicana. Pero sí exhibe algo que resulta difícil ignorar: la enorme cercanía que determinados empresarios extranjeros llegaron a tener con los círculos de poder durante el sexenio pasado.

Lo verdaderamente preocupante es que la disputa entre dos empresarios haya permitido conocer detalles sobre una supuesta relación que, de acuerdo con el propio arbitraje, tenía un valor económico porque facilitaba el acceso a las autoridades mexicanas.

Si el acceso a un presidente podía ser considerado un “activo” comercial, la discusión deja de ser únicamente sobre un pleito empresarial y se convierte en una pregunta sobre cómo funcionaban las puertas de entrada al poder en México.

Y el caso Pegasus vuelve todavía más delicada esa interrogante.

Porque más allá de los millones de dólares, los contratos o las fotografías de empresarios y políticos, existe una cuestión que sigue pendiente para la sociedad mexicana: ¿quién vigiló a los vigilantes y quién rindió cuentas por el uso de una tecnología capaz de penetrar los teléfonos de ciudadanos?

Si las investigaciones continúan, el reto no debería ser solamente encontrar a un responsable operativo. También debería ser esclarecer quién autorizó, quién contrató, quién se benefició y quién permitió que estas redes de poder funcionaran durante años.

La pregunta final es inevitable: si el poder político puede convertirse en una “inversión” para hacer negocios, ¿quién termina pagando realmente el precio: los empresarios involucrados o los ciudadanos cuyos recursos y derechos quedan en medio?

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