La Plataforma Centinela fue presentada como una de las grandes apuestas tecnológicas para combatir la inseguridad en Chihuahua, pero los retrasos de la obra y las cifras de homicidios abren una pregunta incómoda: ¿los resultados corresponden al tamaño de la inversión?
La seguridad fue una de las principales banderas de la administración de María Eugenia Campos en Chihuahua. Una de sus apuestas más ambiciosas fue la Plataforma Centinela, un sistema de videovigilancia e inteligencia que, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, buscaba contribuir a una reducción de hasta 90% en los homicidios dolosos.
El problema es que, años después de su presentación, la realidad plantea más preguntas que respuestas.
La Plataforma Centinela tuvo un costo reportado de 4 mil 710 millones de pesos y contempló, entre otros componentes, la construcción de una torre de 20 pisos en Ciudad Juárez para albergar oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
La obra tenía como fecha prevista de conclusión enero de 2024. Sin embargo, de acuerdo con los datos citados en la publicación de Zona Free, el proyecto acumula aproximadamente dos años y ocho meses de retraso, mientras todavía permanecen pendientes dos subcentros Centinela: uno en Nuevo Casas Grandes y otro en Guadalupe y Calvo.
Una inversión millonaria frente a una violencia que no cede
El tamaño del gasto hace inevitable revisar qué resultados ha producido la estrategia.
Entre septiembre de 2021 y agosto de 2026 se contabilizaron 9 mil 568 homicidios dolosos en Chihuahua, según las cifras retomadas en la información proporcionada.
Mientras la estrategia nacional habría conseguido una reducción promedio de 53% en este delito, Chihuahua registraría una disminución de alrededor de 22% durante el periodo referido.
El dato resulta todavía más relevante si se considera la posición que ha ocupado el estado en el panorama nacional.
En agosto de 2026, Chihuahua habría colocado al estado en el tercer lugar nacional en homicidios dolosos, solamente detrás de Guanajuato y Baja California. Además, la entidad se ubicó en el sexto lugar en violencia feminicida, según los datos citados.
La evolución también llama la atención. Chihuahua habría pasado del sexto lugar nacional en homicidios dolosos en 2022 al segundo lugar en 2025, de acuerdo con las cifras atribuidas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es decir, la discusión no se limita a saber cuánto dinero se gastó. La pregunta central es mucho más sencilla: ¿qué cambió realmente para los ciudadanos?
23 mil 250 millones de pesos para seguridad
La Plataforma Centinela tampoco puede analizarse de manera aislada.
Durante cinco años, la administración estatal habría destinado alrededor de 23 mil 250 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Una cantidad de esta magnitud obliga a evaluar no solamente la adquisición de tecnología, sino también la capacidad de las instituciones para utilizarla, prevenir delitos, investigar homicidios y responder ante las emergencias.
Porque una cámara puede registrar un delito, pero no necesariamente evita que ocurra.
La tecnología puede ser una herramienta importante para las corporaciones de seguridad, pero su verdadero valor tendría que medirse por sus resultados: reducción de homicidios, mayor capacidad de reacción, investigaciones exitosas, detenciones y, sobre todo, una percepción de mayor seguridad entre la población.
Si esos indicadores no mejoran al ritmo esperado, el debate deja de ser tecnológico y se convierte en uno de eficiencia del gasto público.
La Torre Centinela y los pendientes que permanecen
Uno de los símbolos más visibles del proyecto es precisamente la Torre Centinela en Ciudad Juárez.
La construcción fue concebida como parte de una estrategia integral de seguridad, pero el retraso en su conclusión se ha convertido en uno de los principales puntos de cuestionamiento alrededor del proyecto.
A ello se suman los subcentros que todavía permanecen pendientes.
Esto plantea otra interrogante: ¿cómo puede hablarse de una estrategia plenamente consolidada cuando algunos de sus componentes todavía no están terminados?
La pregunta es especialmente relevante porque el proyecto fue presentado como una transformación profunda de la seguridad estatal y no simplemente como una obra de infraestructura.
Adjudicación directa y dudas sobre la transparencia
Otro de los elementos que ha generado cuestionamientos es la forma en que se asignó el contrato.
De acuerdo con la información proporcionada, el acuerdo fue otorgado mediante adjudicación directa a Seguritech Privada SA de CV e incluyó servicios relacionados con enlace, monitoreo y videovigilancia.
Además, los detalles del contrato habrían sido clasificados como información reservada.
La reserva de información sobre un proyecto que involucra miles de millones de pesos públicos abre una discusión necesaria: ¿hasta dónde debe llegar la transparencia cuando se trata de tecnología utilizada para combatir al crimen?
Es cierto que determinados aspectos de una estrategia de seguridad pueden requerir protección por razones operativas. Pero también es legítimo que la ciudadanía conozca cuánto se paga, qué se contrató, cuáles son las metas y qué mecanismos existen para evaluar el cumplimiento.
La seguridad no debería convertirse en una zona donde el escrutinio público desaparezca.
Publicidad contra resultados
Otro punto que llama la atención es la promoción pública de la Plataforma Centinela mientras permanecen pendientes algunos componentes del proyecto.
La comunicación gubernamental puede servir para explicar los avances de una política pública. Sin embargo, cuando una administración presume una gran inversión en seguridad, la evaluación ciudadana inevitablemente debe ir más allá de los anuncios.
¿La Plataforma Centinela está funcionando como se prometió?
¿Cuántos delitos se han prevenido gracias al sistema?
¿Cuántos homicidios han sido esclarecidos con apoyo de esta tecnología?
¿Cuánto ha costado realmente el proyecto considerando retrasos, modificaciones y componentes pendientes?
Son preguntas que no deberían considerarse ataques políticos, sino parte del control ciudadano sobre el uso de recursos públicos.
El verdadero fracaso sería no aprender de los resultados
La discusión alrededor de Torre Centinela no debería reducirse a decir que la tecnología funciona o no funciona.
El punto de fondo es determinar si 4 mil 710 millones de pesos invertidos en la Plataforma Centinela y los más de 23 mil millones destinados a seguridad estatal durante cinco años están produciendo resultados proporcionales al gasto.
Porque Chihuahua no necesita solamente edificios, cámaras o centros de monitoreo. Necesita que esos recursos se traduzcan en menos familias víctimas de homicidio, investigaciones eficaces y comunidades donde las personas puedan sentirse seguras.
La promesa de reducir hasta 90% los homicidios estableció una vara muy alta. Si los datos citados muestran una reducción considerablemente menor y, al mismo tiempo, Chihuahua permanece entre las entidades con mayor número de homicidios, entonces la administración estatal tiene un reto evidente: explicar qué funcionó, qué no funcionó y por qué.
Y aquí queda la pregunta para los ciudadanos de Chihuahua:
¿Una inversión multimillonaria puede considerarse exitosa si la violencia continúa colocando al estado entre los más peligrosos del país? La respuesta no debería depender de una campaña publicitaria ni de la imagen de una torre. Tendría que encontrarse en las calles, en las estadísticas y, sobre todo, en la vida cotidiana de quienes siguen enfrentando la violencia.
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