Servidores públicos de Pemex, Profeco, Guardia Nacional, CFE, IMSS y otras instituciones recibieron inhabilitaciones, destituciones y multas económicas tras diversas investigaciones
Ciudad de México. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 34 servidores públicos pertenecientes a 20 instituciones federales fueron sancionados por cometer faltas administrativas graves y no graves, como resultado de investigaciones concluidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y los Órganos Internos de Control.
Las medidas impuestas incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años, destituciones de sus cargos y sanciones económicas que, en algunos casos, superan 1.8 millones de pesos, como parte de las acciones para fortalecer la rendición de cuentas en la administración pública.
Pemex, Profeco, Guardia Nacional y CFE, entre las dependencias involucradas
Las resoluciones alcanzaron a funcionarios y exfuncionarios de diversas instituciones del Gobierno Federal, entre ellas:
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
- Guardia Nacional
- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
- Banco del Bienestar
- Secretaría de Economía
- Agencia Nacional de Aduanas de México
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
- Banobras
- Conalep
- Finabien
- Conafor
- Sepomex, entre otras.
De acuerdo con la dependencia, 12 expedientes correspondieron a faltas administrativas graves, mientras que el resto fueron catalogados como infracciones no graves conforme a la legislación vigente.
Inhabilitaciones de hasta 20 años por casos de alto impacto
Entre las resoluciones más relevantes destaca la inhabilitación por 20 años de un trabajador de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, tras ser responsabilizado por conductas de acoso sexual contra dos estudiantes.
Asimismo, una exfuncionaria de la Secretaría de Economía fue sancionada con 15 años de inhabilitación y la obligación de reintegrar más de 1.5 millones de pesos, luego de detectarse que autorizó licencias con goce de sueldo sin contar con las atribuciones legales para hacerlo.
Profeco, Aduanas y Sader también registran sanciones
Las investigaciones también derivaron en sanciones para otros servidores públicos federales.
Entre ellas destacan:
- Cuatro exfuncionarios de la Sader, por presuntas irregularidades relacionadas con el programa Producción para el Bienestar.
- Una exservidora pública de Profeco, quien fue destituida e inhabilitada por 10 años tras asignarse viáticos de manera indebida.
- Dos funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas, sancionados por intentar obtener beneficios económicos durante procesos de revisión de mercancías.
- Tres trabajadores de la CFE, responsabilizados por irregularidades en procedimientos de verificación de un medidor eléctrico.
También hubo sanciones por faltas administrativas no graves
La Secretaría Anticorrupción detalló que otros servidores públicos recibieron sanciones por conductas consideradas no graves, entre ellas:
- Acoso sexual.
- Uso indebido de licencias médicas.
- Incumplimiento de obligaciones administrativas.
- Diversas irregularidades en el desempeño del servicio público.
Estos casos involucraron a personal del IMSS, Guardia Nacional, Banco del Bienestar, Pemex, CFE, Conalep y otras dependencias federales.
Gobierno asegura que continuará combate a la corrupción
La Secretaría encabezada por Raquel Buenrostro afirmó que todas las resoluciones fueron emitidas conforme al marco legal vigente y reiteró que continuará impulsando acciones para investigar y sancionar conductas que vulneren el correcto funcionamiento del servicio público.
El objetivo, señaló la dependencia, es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.
La corrupción no solo vacía las arcas públicas; también vacía la confianza de la ciudadanía. Cada funcionario que traiciona su cargo representa una oportunidad perdida para mejorar hospitales, escuelas, carreteras o programas sociales.
La verdadera pregunta no es cuántos fueron sancionados, sino ¿qué estamos haciendo como sociedad para exigir transparencia antes de que el daño ocurra y no solo después?
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