El número de muertes en accidentes de tránsito en el Estado de México sigue en aumento, especialmente en aquellos casos en los que se ven involucradas unidades de transporte público. A pesar de que no existe una cifra oficial precisa de estos fallecimientos, un seguimiento exhaustivo de los medios locales revela que, en lo que va del 2024, se han registrado al menos 20 muertes asociadas a estos incidentes.
La organización civil No al Tarifazo ha contabilizado, hasta el momento, siete víctimas fatales entre ciclistas, peatones y motociclistas en incidentes relacionados con transporte público. Estos hechos reflejan la grave crisis de seguridad vial que afecta a los habitantes del Estado de México, donde las unidades de transporte colectivo han estado involucradas en trágicos accidentes.
Uno de los casos más recientes tuvo lugar en la carretera Toluca-Tenango, a la altura de Mexicaltzingo, donde en agosto un ciclista perdió la vida tras ser impactado por un autobús. Este incidente ha generado indignación y llamado la atención sobre la falta de condiciones seguras para quienes optan por medios de transporte sostenibles, como la bicicleta.
El pasado 27 de octubre, una mujer fue arrollada por una unidad de la línea Región Toluca en la Avenida Las Torres, colonia El Seminario. La víctima, que intentaba cruzar la calle, no logró esquivar la unidad, sumándose a las crecientes cifras de fallecimientos en accidentes de tránsito.
Otra tragedia ocurrió el 25 de octubre en San Lorenzo Tepaltitlán, en las calles de José López Portillo y Juan José Martínez de los Reyes. En este lugar, un autobús de la línea Atsuzi arrolló a un hombre de 44 años, incrementando el número de víctimas en incidentes donde el transporte público es protagonista.
Más recientemente, el 1 de noviembre, un motociclista fue embestido por una combi en la carretera Toluca-Naucalpan, un siniestro que terminó con la vida de otra persona que transitaba sobre dos ruedas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2023 se contabilizaron 21,105 accidentes viales en zonas urbanas y suburbanas a nivel nacional. Sin embargo, la falta de precisión sobre el tipo de vehículos involucrados deja en la opacidad el verdadero impacto de los transportes públicos en estas cifras. Aún así, los datos recogen 92 accidentes relacionados con la caída de pasajeros, 874 atropellamientos a peatones, 2,731 colisiones contra motocicletas y 175 colisiones contra ciclistas.
Por su parte, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) señala que en 2021 fallecieron 748 personas en accidentes viales, entre los que se incluyen peatones, ciclistas, motociclistas y ocupantes de otros vehículos. Estos datos dejan en claro que la problemática afecta a todo el país, con el Estado de México como uno de los estados con mayor índice de accidentes fatales.
Los municipios con las cifras más alarmantes son Ecatepec de Morelos, con 74 decesos; Toluca, con 58; y Tecámac, con 35. Naucalpan y Texcoco también presentan cifras considerables, con 29 fallecimientos en cada uno de ellos. Estos datos reflejan una crisis de seguridad vial que afecta especialmente a áreas con alta densidad poblacional y una gran cantidad de vehículos de transporte público.
La continua pérdida de vidas en accidentes de tránsito involucra a numerosos actores y circunstancias, pero el protagonismo del transporte público en estas tragedias indica la necesidad de una urgente revisión de las políticas de seguridad vial.
La falta de estadísticas específicas y oficiales sobre los accidentes de tránsito que involucran unidades de transporte colectivo sigue siendo un obstáculo para comprender el impacto real de este problema. Las autoridades estatales y municipales están llamadas a tomar medidas efectivas y urgentes, ya sea implementando programas de capacitación para conductores de transporte público, modernizando las unidades para garantizar la seguridad de los usuarios, o estableciendo sanciones estrictas para aquellos que infrinjan las normas de tránsito.
En conclusión, los datos y casos expuestos muestran que, en el Estado de México, la seguridad vial requiere una reforma integral. Los esfuerzos para reducir el número de accidentes deben incluir medidas como la instalación de cámaras de seguridad en puntos críticos, la regulación y vigilancia de la velocidad, y campañas educativas para concientizar a conductores y peatones sobre el respeto a las normas de tránsito.
Para los habitantes del Estado de México, y en especial para las familias de las víctimas, estas acciones son necesarias y representan una esperanza de que en el futuro cercano puedan transitar de manera segura, independientemente del medio de transporte que elijan.
