Un proyecto de ley plantea penas de hasta cinco años de prisión para quienes utilicen cuentas falsas automatizadas con objetivos electorales. El debate abre una pregunta para toda América Latina: ¿cómo proteger las elecciones en la era de la inteligencia artificial?
Santiago de Chile.— Las campañas electorales ya no se disputan únicamente en mítines, espectaculares o debates televisivos. Las redes sociales se han convertido en uno de los principales campos de batalla política y, con ello, también han aparecido nuevas formas de manipular la conversación pública.
En Chile, un proyecto presentado por el diputado Jaime Bassa, del Frente Amplio, busca llevar esa preocupación al terreno penal: castigar con prisión el uso de bots y cuentas falsas automatizadas cuando sean utilizados para intervenir en procesos electorales.
La iniciativa contempla penas que podrían ir de 541 días hasta cinco años de cárcel, además de multas. También plantea castigos más severos cuando las operaciones sean realizadas mediante estructuras comerciales organizadas, tengan fines de lucro o pretendan afectar la honra y dignidad de una persona.
La discusión chilena podría convertirse en un precedente para otros países de la región que enfrentan un problema cada vez más difícil de detectar: cuando una tendencia en internet parece espontánea, pero en realidad fue fabricada por cientos o miles de cuentas coordinadas.
¿Qué busca castigar el proyecto de ley?
La iniciativa pretende establecer como delito la utilización de sistemas automatizados y redes de cuentas falsas con una finalidad electoral.
El objetivo no sería perseguir simplemente a una persona que utiliza herramientas digitales, sino aquellas operaciones organizadas que busquen alterar artificialmente la conversación política o influir en la decisión de los votantes.
Entre las conductas que podrían quedar bajo la lupa se encuentran las campañas coordinadas mediante cuentas automatizadas, la creación masiva de perfiles falsos y otras estrategias destinadas a fabricar una percepción de respaldo, rechazo o tendencia que no corresponde con la conversación real.
El proyecto contempla una pena de 541 días a cinco años de prisión, acompañada de sanciones económicas.
Además, propone considerar circunstancias agravantes cuando la operación sea comercial y organizada, genere ganancias económicas o tenga como finalidad dañar la reputación de una persona.
El caso Cerimedo vuelve a aparecer en el debate
La propuesta legislativa cobró fuerza en medio de la controversia alrededor del consultor argentino Fernando Cerimedo, quien ha sido señalado públicamente por su participación en estrategias de comunicación digital vinculadas con sectores de la derecha latinoamericana.
El nombre del consultor ha aparecido en diferentes debates sobre el uso de redes sociales y operaciones digitales con objetivos políticos.
Bassa ha advertido que las redes automatizadas pueden convertirse en una herramienta capaz de distorsionar la discusión pública y modificar artificialmente las percepciones del electorado.
Sin embargo, cualquier acusación concreta sobre una operación electoral debe ser demostrada mediante investigaciones y pruebas. Tener vínculos políticos, trabajar en comunicación digital o utilizar redes sociales no constituye por sí mismo un delito.
La diferencia estará precisamente en demostrar cuándo existe una operación coordinada destinada a manipular un proceso electoral.
El antecedente de Evelyn Matthei
Uno de los episodios que alimentaron la discusión ocurrió durante la pasada campaña presidencial chilena.
En ese contexto se detectaron cuentas falsas utilizadas para difundir acusaciones contra Evelyn Matthei, incluida la versión de que enfrentaba problemas de salud mental.
La entonces candidata calificó la operación como una campaña ofensiva y señaló a personas relacionadas con el sector político de José Antonio Kast.
Los señalamientos políticos y la existencia de una operación digital no deben confundirse automáticamente con una responsabilidad penal individual. Precisamente uno de los desafíos de una eventual legislación será establecer quién creó las cuentas, quién financió la operación, quién impartió las instrucciones y cuál era el objetivo concreto.
Sin una investigación rigurosa, existe el riesgo de convertir cualquier campaña agresiva en internet en una acusación de manipulación electoral.
Las granjas de bots: fabricar una mayoría que no existe
El poder de una granja de bots está en crear la apariencia de que miles de personas están hablando espontáneamente sobre un determinado tema.
Un mensaje puede ser publicado desde una cuenta.
Después puede ser replicado por decenas de perfiles automatizados.
Posteriormente, otros usuarios pueden encontrarlo entre las tendencias y asumir que existe un movimiento ciudadano detrás.
La operación puede provocar un efecto de bola de nieve.
El problema es que la popularidad digital no necesariamente equivale a respaldo social.
Una tendencia puede haber surgido de ciudadanos reales, pero también puede haber sido impulsada artificialmente mediante cuentas coordinadas.
En época electoral, esa diferencia puede ser determinante.
¿Puede un bot cambiar el voto?
Aquí se encuentra uno de los principales debates.
Un bot difícilmente puede garantizar que una persona cambie su voto. Lo que sí puede hacer es alterar el entorno informativo en el que los ciudadanos toman decisiones.
Puede amplificar una acusación.
Puede convertir un rumor en tendencia.
Puede hacer que una etiqueta aparezca repetidamente.
Puede atacar a un candidato.
Puede generar la impresión de que existe un rechazo masivo.
Y puede conseguir que los medios de comunicación terminen hablando de un tema que originalmente fue impulsado desde una operación artificial.
La manipulación no necesariamente consiste en decirle directamente a una persona por quién votar.
A veces basta con decidir de qué se habla, qué se repite y qué desaparece de la conversación.
El gran reto: distinguir propaganda de manipulación
Una legislación contra los bots electorales enfrentará una frontera complicada.
Las campañas políticas siempre han buscado influir en los votantes. Contratar publicidad, producir videos, contratar estrategas o coordinar publicaciones no es necesariamente ilegal.
Entonces, ¿en qué momento una estrategia política legítima se convierte en manipulación criminal?
La respuesta tendrá que ser extremadamente precisa.
Si la legislación queda demasiado abierta, podría utilizarse para perseguir campañas legítimas o expresiones políticas incómodas.
Si queda demasiado limitada, las operaciones profesionales de desinformación podrían encontrar espacios para evadirla.
El verdadero reto será demostrar coordinación, automatización, intención y afectación electoral sin criminalizar la libertad de expresión.
La inteligencia artificial complica todavía más el panorama
El debate llega en un momento en el que las herramientas de inteligencia artificial permiten generar textos, imágenes, videos y voces sintéticas en cuestión de segundos.
Eso significa que el problema ya no consiste únicamente en cuentas falsas.
Ahora también existe la posibilidad de producir contenidos falsos con apariencia extremadamente realista y distribuirlos mediante redes automatizadas.
Un candidato podría aparecer diciendo algo que nunca dijo.
Una fotografía falsa podría circular como evidencia.
Una voz generada artificialmente podría atribuirle declaraciones inexistentes a un político.
Y si miles de cuentas amplifican simultáneamente ese material, la capacidad de respuesta de una campaña puede quedar rebasada.
Por eso, el debate chileno podría terminar siendo mucho más amplio que una discusión sobre bots.
¿Quién vigilará a quienes vigilan?
Otra pregunta será quién determinará cuándo una operación digital constituye un delito.
Las autoridades necesitarán capacidades técnicas para investigar redes automatizadas, rastrear financiamiento, identificar responsables y conservar evidencia digital.
Pero también deberán existir mecanismos de supervisión.
Porque si una institución puede decidir que determinado contenido es una operación de manipulación electoral, ¿qué garantías tendrá un ciudadano para defenderse de una acusación equivocada?
En internet, la velocidad también es un problema.
Una mentira puede llegar a millones de personas en unas horas.
Una investigación judicial puede tardar meses.
Cuando llegue la sentencia, el daño electoral podría ser irreversible.
Chile abre una discusión que México tampoco puede ignorar
Aunque la propuesta corresponde a Chile, el problema es regional.
México, Argentina, Brasil, Colombia y otros países latinoamericanos han experimentado campañas políticas cada vez más dependientes de las redes sociales.
Las elecciones modernas ya no solamente se disputan por el número de espectaculares o spots.
También se libran en TikTok, Facebook, X, YouTube, Instagram, WhatsApp y otras plataformas.
Y mientras los partidos aprenden a utilizar esas herramientas, también lo hacen quienes buscan manipularlas.
La pregunta para las democracias latinoamericanas es inevitable:
¿están preparadas las instituciones electorales para detectar una campaña artificial antes de que sus efectos sean irreversibles?
¿Cárcel para los bots o para quienes están detrás?
El proyecto chileno plantea una idea fundamental: un bot no actúa por voluntad propia.
Detrás de una red automatizada existe alguien que la programa, financia, dirige o utiliza.
Por eso, el verdadero objetivo de una legislación de este tipo debería ser identificar a los responsables humanos y económicos de las operaciones, no simplemente perseguir las herramientas tecnológicas.
Un bot puede ser utilizado para una campaña política legítima, atención al cliente o difusión de información.
Lo que transforma la herramienta en un problema democrático es el uso que se hace de ella.
Una batalla por la realidad
La discusión chilena llega en un momento particularmente delicado.
Las democracias dependen de que los ciudadanos puedan tomar decisiones con información razonablemente confiable.
Si una operación digital puede fabricar miles de opiniones ficticias y presentarlas como respaldo ciudadano, entonces no solamente se manipulan redes sociales.
También puede manipularse la percepción de la realidad.
Y ahí está la pregunta que debería preocupar a todos los electores, no solamente a los legisladores chilenos:
Si mañana una tendencia política que parece tener millones de seguidores fuera en realidad producto de una granja de bots, ¿cómo podríamos saberlo antes de votar?
El proyecto de Jaime Bassa busca responder precisamente a ese desafío mediante el derecho penal.
Pero la cárcel, por sí sola, difícilmente resolverá el problema.
También serán necesarias mejores herramientas de detección, transparencia en el financiamiento político digital, responsabilidad de las plataformas y ciudadanos capaces de cuestionar aquello que ven en sus pantallas.
Porque en las próximas elecciones, la batalla podría no ser únicamente por convencer al elector.
Podría ser por demostrar que las personas que vemos detrás de una pantalla realmente existen.
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