Toluca, Estado de México.– Hablar de derechos humanos no solamente implica conocer las leyes. También significa preguntarse si una persona puede realmente acceder a la justicia, ser escuchada y recibir una respuesta adecuada cuando enfrenta una situación de vulnerabilidad.
Ese fue uno de los principales temas abordados durante la conferencia magistral “Inclusión, Derechos Humanos y Gestión Judicial”, realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), donde se planteó la necesidad de eliminar las barreras que todavía pueden dificultar el acceso efectivo a las instituciones de justicia.
La conferencia fue impartida por Indira Isabel García Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, en el auditorio “Elena Poniatowska Amor”.
El encuentro reunió reflexiones sobre inclusión, derechos humanos y funcionamiento institucional, pero también puso sobre la mesa una pregunta que suele quedar fuera de los discursos oficiales: ¿qué tan fácil es para una persona común hacer valer sus derechos cuando necesita acudir ante una autoridad?
Justicia incluyente: no basta con abrir las puertas de los tribunales
Durante el encuentro, el presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, destacó que la defensa de los derechos humanos requiere coordinación entre organismos protectores, instituciones judiciales y universidades.
El ombudsperson mexiquense sostuvo que ninguna institución puede enfrentar por sí sola la tarea de proteger los derechos humanos y llamó a convertir la capacitación y el conocimiento jurídico en herramientas que tengan un impacto directo en la población.
En el marco de su primer año al frente de la Comisión, informó que las actividades sustantivas del organismo alcanzaron a 371 mil 864 personas, mientras que 171 mil 267 personas servidoras públicas fueron capacitadas.
También reportó un incremento en las solicitudes de medidas precautorias atendidas, que pasaron de 214 a 1,009 en comparación con el periodo anterior.
Estos números reflejan una parte de la actividad institucional, aunque por sí mismos no permiten saber cómo experimentan las personas el acceso a la justicia. Precisamente ahí se encuentra uno de los desafíos de una política de derechos humanos: transformar estadísticas y programas en experiencias concretas para quienes necesitan protección.
Delgado Pérez planteó que la prevención debe comenzar antes de que ocurra una vulneración de derechos. Bajo esa lógica, la capacitación de quienes trabajan en las instituciones públicas puede convertirse en una herramienta para reducir prácticas que terminen afectando a la ciudadanía.
Barreras físicas, tecnológicas y culturales también pueden impedir el acceso a la justicia
Después de la conferencia, la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, Maricela Reyes Hernández, señaló que la inclusión no consiste únicamente en permitir que las personas entren a un tribunal.
El reto, explicó, también consiste en detectar obstáculos que pueden aparecer durante un proceso: desde barreras físicas y tecnológicas hasta dificultades de comunicación, factores culturales o condiciones sociales que pueden impedir que una persona sea escuchada y comprendida adecuadamente.
Esto implica reconocer que no todas las personas llegan ante una autoridad en las mismas condiciones.
Una justicia que busca ser accesible debe considerar esas diferencias y generar mecanismos que permitan que cada persona pueda ejercer sus derechos de manera efectiva.
La magistrada también señaló que la vigilancia, evaluación y eventual determinación de responsabilidades dentro del ámbito judicial deben desarrollarse con objetividad, rigor y perspectiva de derechos humanos.
En ese sentido, destacó la importancia de que la sociedad conozca el trabajo de los tribunales de disciplina judicial, pues la confianza en las instituciones también depende de que exista conocimiento sobre cómo se supervisa la actuación de quienes tienen responsabilidades dentro del sistema de justicia.
La inclusión puede convertirse fácilmente en una palabra repetida en discursos, conferencias y documentos oficiales. El verdadero desafío aparece cuando una persona llega a un tribunal y descubre que no entiende el procedimiento, no puede comunicarse adecuadamente, enfrenta una barrera física o tecnológica o simplemente siente que su situación no está siendo comprendida.
Ahí es donde los derechos humanos dejan de ser un concepto jurídico y se convierten en una experiencia cotidiana.
La capacitación de miles de servidores públicos puede ser importante, pero la ciudadanía también tiene derecho a preguntarse cuál es el resultado de esa preparación cuando enfrenta un problema real.
La justicia incluyente, finalmente, no debería medirse únicamente por cuántas instituciones hablan de inclusión, sino por cuántas personas pueden ejercer efectivamente sus derechos sin que las condiciones personales, sociales, físicas o tecnológicas se conviertan en un obstáculo.
¿De qué sirve tener tribunales y organismos de derechos humanos si una persona que necesita ayuda todavía encuentra demasiadas barreras para ser escuchada?
Ese es, quizá, el cuestionamiento que deberá acompañar cualquier esfuerzo por construir una justicia verdaderamente cercana a la población.
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