Toluca, Estado de México.– Una sentencia que tarda meses o incluso años en llegar no representa solamente un retraso administrativo. Para las personas involucradas en un proceso penal puede significar incertidumbre, gastos, desgaste familiar y, en determinados casos, permanecer en prisión preventiva mientras el expediente continúa sin una resolución definitiva.
Ante este escenario, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Estado de México presentó ante juezas y jueces en materia penal los nuevos lineamientos para informar y justificar las demoras en la emisión de sentencias.
El objetivo, de acuerdo con lo expuesto por integrantes del órgano disciplinario, es que los retrasos no permanezcan invisibles y que exista una explicación documentada cuando un procedimiento rebase los tiempos establecidos.
La propuesta forma parte de la transformación que vive el Poder Judicial mexiquense a partir de la reforma judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial es ahora uno de los órganos que integran la nueva estructura del Poder Judicial estatal.
¿Qué deberán hacer los jueces cuando una sentencia se retrase?
Durante la presentación de los lineamientos, la magistrada presidenta del TDJ, Maricela Reyes Hernández, explicó que el aviso de demora no pretende convertir automáticamente cada retraso en una falta administrativa.
La intención es conocer oportunamente por qué un asunto no fue resuelto dentro del plazo correspondiente y contar con documentación que permita determinar si existe una causa legítima que explique la demora.
En materia penal, los plazos constitucionales establecen límites para la duración de los procesos. De acuerdo con la explicación presentada durante la sesión, cuando la pena máxima del delito no supera los dos años, el proceso debe concluir dentro de cuatro meses; cuando la pena máxima es mayor, el límite puede extenderse hasta un año.
Los nuevos lineamientos establecerán el procedimiento para informar cuando esos periodos sean rebasados.
El aviso deberá ser presentado directamente por la persona juzgadora dentro de los cinco días hábiles posteriores al vencimiento del plazo constitucional y tendrá que incluir información del expediente, órgano jurisdiccional, personas involucradas, delito, razones del retraso y documentos que permitan respaldar la explicación.
El procedimiento no termina con la presentación del aviso.
La Secretaría de Acuerdos integrará el expediente para posteriormente enviarlo a revisión del auditor visitador en materia penal. Después se elaborará una opinión técnica y el asunto será remitido a la comisión regional correspondiente.
El Estado de México contempla cuatro regiones para este seguimiento: Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Ecatepec.
Si la demora está debidamente justificada, podrán establecerse medidas para acelerar el procedimiento y solicitar informes periódicos sobre su avance.
En cambio, cuando no exista una explicación suficiente, el expediente podría llegar a la Unidad de Investigación para determinar si existen elementos que pudieran constituir una responsabilidad administrativa.
Esto significa que un aviso de demora no equivale por sí mismo a una sanción.
La propia presidenta del Tribunal planteó que el escenario deseable sería que estos mecanismos funcionen principalmente como una herramienta preventiva: que los jueces conozcan las reglas, reporten oportunamente los casos que enfrentan circunstancias extraordinarias y que los expedientes reciban seguimiento antes de que el problema se convierta en una controversia administrativa.
Justicia a tiempo: el reto será que las reglas funcionen en la práctica
La magistrada Nancy Flores Mendoza destacó que el mecanismo está relacionado con el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable.
Y aquí aparece uno de los puntos centrales de la discusión: la justicia no solamente debe ser correcta, también debe llegar a tiempo.
Un procedimiento puede retrasarse por factores que no dependen directamente de quien juzga. Un amparo, una reposición del procedimiento o una determinación de otra autoridad pueden modificar los tiempos originalmente previstos.
Pero precisamente por eso resulta relevante que exista una explicación documentada.
Desde esta perspectiva, los nuevos lineamientos colocan tres conceptos sobre la mesa: celeridad, responsabilidad y rendición de cuentas.
Para la ciudadanía, el tema puede parecer técnico, pero sus efectos son concretos. Detrás de cada expediente existen personas que esperan una resolución, víctimas que buscan una respuesta, familias que enfrentan incertidumbre y personas imputadas que tienen derecho a que su situación jurídica sea definida dentro de los parámetros establecidos por la ley.
El magistrado Alejandro Jaime Gómez Sánchez explicó que el procedimiento tendrá una ruta específica para revisar cada caso y determinar si el retraso tiene una causa que pueda acreditarse.
La aplicación será gradual, de acuerdo con lo señalado por Cristel Yunuen Pozas Serrano, secretaria de Acuerdos del Pleno.
También participaron en la presentación Italy Dessire Ciani Sotomayor, directora General Jurídica y Consultiva; Juan Morales Nieves, auditor visitador en materia penal, y César Bulmaro Díaz Morán, coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales.
Durante años, uno de los grandes reclamos alrededor de la justicia ha sido precisamente el tiempo que puede tomar obtener una resolución.
Por eso, establecer un mecanismo para saber cuándo se retrasó una sentencia, por qué ocurrió y qué se está haciendo para corregirlo puede ser relevante para medir el funcionamiento cotidiano de los tribunales.
Sin embargo, la verdadera prueba no estará únicamente en publicar lineamientos o abrir expedientes de seguimiento.
Estará en saber si, con el paso de los meses, disminuyen los asuntos que permanecen sin sentencia más allá de los plazos establecidos y si las personas reciben respuestas claras cuando un caso inevitablemente debe prolongarse.
Porque para quien espera justicia, la pregunta no es solamente quién tiene la razón.
También es: ¿cuánto tiempo tendrá que esperar para que una autoridad se lo diga formalmente?
¿Consideras que estos mecanismos pueden ayudar a que los procesos penales en el Estado de México sean más ágiles, o el verdadero reto estará en garantizar que las reglas se cumplan de manera efectiva?
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