Notidex Jurídico
La reforma fue aprobada por unanimidad y establece penas de 8 a 15 años de prisión para agresiones con sustancias químicas, con posibilidad de alcanzar hasta 20 años bajo determinados supuestos. Aunque representa un avance en materia de sanción penal, legisladoras advirtieron que aún hacen falta mecanismos especializados para garantizar una atención integral a las víctimas.
El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad una reforma para endurecer las sanciones contra quienes cometan agresiones con sustancias químicas, una forma de violencia que puede ocasionar lesiones graves y consecuencias permanentes en la vida de las víctimas.
La decisión, tomada durante la sesión del 21 de octubre, incorpora estas agresiones como una agravante con penas específicas, en lugar de establecer la violencia ácida como un delito autónomo, tal como proponía inicialmente una de las iniciativas legislativas.
La medida representa un paso relevante para fortalecer la respuesta penal frente a este tipo de ataques, especialmente cuando las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes. Sin embargo, la discusión parlamentaria también evidenció que todavía existen diferencias sobre las herramientas institucionales necesarias para prevenir estas agresiones y acompañar a quienes sobreviven a ellas.
Ante este escenario, la pregunta es inevitable: ¿bastará con aumentar las penas de prisión o el Estado también debe garantizar atención médica, acompañamiento psicológico y acceso efectivo a la justicia para las víctimas?
Morena defiende las nuevas penas contra la violencia ácida
Durante el debate legislativo, la diputada de Morena, Nelly Brígida Rivera Sánchez, explicó que su propuesta original contemplaba crear un delito independiente para sancionar las agresiones con agentes químicos.
No obstante, señaló que las negociaciones entre las fuerzas políticas derivaron en un acuerdo para incorporar esta conducta como una agravante severa dentro de la legislación penal.
Con la reforma, las personas responsables de estas agresiones podrán enfrentar penas de entre ocho y 15 años de prisión, de acuerdo con los supuestos contemplados en el dictamen aprobado.
La legisladora sostuvo que la medida busca establecer consecuencias jurídicas más contundentes para quienes utilizan sustancias químicas con la intención de provocar daños físicos y afectar la vida de otra persona.
El acuerdo unánime refleja que existe coincidencia entre las distintas fuerzas políticas sobre la gravedad de estas conductas y la necesidad de fortalecer su castigo.
Sin embargo, para que este avance se traduzca en resultados concretos, también será importante que las autoridades investigadoras cuenten con herramientas suficientes para integrar los casos, identificar a los responsables y evitar que las víctimas enfrenten obstáculos durante el proceso judicial.
Araceli Casasola advierte que faltan medidas de atención integral
Aunque respaldar sanciones más severas constituye una vía para combatir la violencia ácida, la diputada del PRD, Araceli Casasola, cuestionó que el dictamen dejara fuera otras medidas que consideraba fundamentales para proteger a las víctimas.
Durante su intervención, la legisladora advirtió sobre el riesgo de aprobar reformas que atiendan únicamente el aspecto penal, sin incorporar mecanismos especializados para responder a las necesidades de quienes sufren estos ataques.
Entre los elementos que señaló como pendientes se encuentran la creación de fiscalías especializadas, un registro de víctimas y una ruta integral de atención, además de la tipificación autónoma de la violencia ácida.
Su planteamiento puso sobre la mesa una diferencia importante: castigar a una persona agresora es una parte de la respuesta institucional, pero no necesariamente resuelve todas las necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y sociales de quien sufrió el ataque.
Las víctimas pueden requerir tratamientos prolongados, procedimientos reconstructivos, acompañamiento emocional y apoyo para enfrentar las consecuencias personales y económicas de las lesiones. Por ello, la atención no debería limitarse al momento en que se presenta una denuncia.
¿De qué sirve establecer penas más severas si una víctima no cuenta con acompañamiento especializado para reconstruir su vida y acceder a la justicia?
¿Por qué importa que la violencia ácida sea un delito autónomo?
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la diferencia entre crear un delito autónomo y establecer una agravante.
Un delito autónomo incorpora una conducta específica en la legislación penal, con sus propios elementos y condiciones para determinar cuándo se configura. En cambio, una agravante aumenta la sanción cuando se presentan circunstancias determinadas por la ley.
La reforma aprobada optó por la segunda alternativa, de acuerdo con lo expuesto durante la sesión legislativa.
Esta decisión no elimina la relevancia de las nuevas sanciones, pero mantiene abierto el debate sobre si la legislación requiere una figura penal independiente que reconozca las particularidades de las agresiones con sustancias químicas.
Para las víctimas, la claridad jurídica es fundamental. La definición de las conductas sancionables, los criterios para investigar y las herramientas disponibles para exigir justicia deben permitir que cada caso sea atendido conforme a la ley.
En ese sentido, la discusión no tendría por qué concluir con la votación del dictamen. El seguimiento a su aplicación permitirá identificar si las disposiciones aprobadas responden adecuadamente a los casos que lleguen ante las autoridades.
Un avance legislativo que necesita resultados concretos
La aprobación unánime de la reforma constituye una señal de coincidencia política sobre la necesidad de combatir las agresiones con sustancias químicas. No obstante, el verdadero alcance de la medida dependerá de su aplicación y de la capacidad institucional para proteger a las víctimas.
Además de las sanciones penales, será necesario evaluar la atención que reciben las personas afectadas, la calidad de las investigaciones y la existencia de mecanismos que les permitan denunciar sin enfrentar procesos revictimizantes.
Las observaciones planteadas por Araceli Casasola también abren una oportunidad para continuar el trabajo legislativo y discutir medidas complementarias que fortalezcan la prevención, la atención especializada y el acceso a la justicia.
El reto para el Estado de México consiste en transformar la reforma en una herramienta efectiva, con autoridades preparadas para actuar y procedimientos que respondan a la gravedad de estos ataques.
La pregunta final para el Congreso mexiquense es: ¿dará seguimiento a las sanciones aprobadas e impulsará las medidas de atención integral que quedaron fuera del dictamen?
Porque combatir la violencia ácida exige más que castigar a quienes la cometen: también implica proteger a las víctimas, acompañarlas durante su recuperación y garantizar que puedan reconstruir sus proyectos de vida con dignidad y acceso a la justicia.
Notidex dará seguimiento a las decisiones legislativas y a las medidas que se impulsen para fortalecer la protección de las víctimas de violencia con sustancias químicas en el Estado de México.
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