La LXII Legislatura del Estado de México avanza en reformas al Código Penal que penalizan a servidores públicos que se nieguen a recibir denuncias de hostigamiento o abuso sexual. La iniciativa, impulsada por la gobernadora, endurece penas, redefine delitos y establece medidas de reparación a víctimas.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó un dictamen que podría marcar un precedente en la atención de casos de violencia sexual. El documento establece sanciones penales y administrativas para policías, ministerios públicos y personal judicial que rechacen o disuadan a una víctima de presentar una denuncia por hostigamiento o abuso sexual.
La propuesta forma parte de la iniciativa enviada por la gobernadora enfocada en cerrar brechas de impunidad y garantizar acceso real a la justicia para las víctimas.
De acuerdo con el dictamen, cualquier servidor público que, teniendo competencia, se niegue a recibir una denuncia o intimide a la víctima para no presentarla, enfrentará:
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Hasta seis años de prisión,
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Multa que puede superar los 56 mil pesos,
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Destitución inmediata del cargo,
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Inhabilitación para ocupar un puesto público durante un periodo igual al de la pena de prisión.
Con estas medidas, el Estado de México busca erradicar prácticas institucionales que históricamente han obstaculizado las denuncias y han revictimizado a mujeres, jóvenes y grupos vulnerables.
El dictamen también replantea las figuras jurídicas relacionadas con delitos contra la libertad sexual. La reforma propone integrar la figura de acoso sexual dentro del concepto de hostigamiento sexual, definido como cualquier conducta de naturaleza sexual sin consentimiento aprovechándose de una posición de poder laboral, docente, doméstica o de otra índole.
Nuevas penas por hostigamiento sexual
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De 2 a 6 años de cárcel como sanción base,
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Hasta 9 años de prisión cuando exista reiteración, abuso de autoridad o cuando la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad.
Abuso sexual: penas hasta por 20 años
El abuso sexual queda establecido como actos de carácter sexual sin consentimiento y sin intención de cópula. La pena inicial podrá llegar a 7 años, pero las circunstancias agravantes pueden elevarla hasta 20 años, entre ellas:
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Uso de violencia física o psicológica,
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Que el agresor sea servidor público, ministro de culto o profesional que abuse de su posición,
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Existencia de relación de confianza, parentesco, tutela o dependencia económica,
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Que la víctima sea menor de edad, esté embarazada o bajo efectos de sustancias,
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Ataques motivados por orientación sexual o identidad de género.
Uno de los elementos más relevantes de la iniciativa es la definición precisa de consentimiento. El documento aclara que no podrá interpretarse como consentimiento:
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El silencio,
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La pasividad,
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La falta de resistencia,
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Ni cualquier acto en que la voluntad haya sido viciada por intimidación, violencia, amenazas, engaños o abuso de autoridad.
Esta precisión busca evitar interpretaciones arbitrarias que históricamente han protegido a agresores.
La reforma incorpora mecanismos innovadores que obligan a los agresores a participar en procesos reeducativos con perspectiva de género y actividades comunitarias, como condición para acceder a beneficios procesales.
Además, contempla la reparación integral del daño, incluyendo atención psicológica especializada para la víctima hasta su recuperación total.
El dictamen también se enmarca en un contexto donde cada vez más víctimas exigen responsabilidad institucional. Recientemente, el Instituto de Salud del Estado de México emitió una disculpa pública a una estudiante de medicina que denunció acoso durante su internado en un hospital de Atizapán, un caso que evidenció las fallas estructurales en los procesos de denuncia.
Con la aprobación en comisiones, la iniciativa queda lista para ser discutida por el Pleno de la LXII Legislatura, donde se espera una votación próxima. De ser avalada, será enviada al Ejecutivo estatal para su promulgación.
La propuesta se suma a otras reformas recientes, como la iniciativa para fortalecer el registro y las sanciones contra deudores alimentarios, que busca mejorar la protección a niñas, niños y adolescentes.
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