La regidora se pronuncia contra la reforma a la Ley de Transparencia, pero omite cumplir con sus propias obligaciones
Toluca vive momentos cruciales en materia de transparencia y acceso a la información pública. En medio del debate nacional sobre la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, una figura ha llamado particularmente la atención: Cristina Sierra Castillo, décimo segunda regidora del Ayuntamiento de Toluca y presidenta de la comisión edilicia que justamente vela por estos temas.
Durante la segunda sesión extraordinaria de cabildo, Sierra Castillo se manifestó con firmeza en contra de dicha reforma, calificándola como un retroceso que debilita al Estado mexicano y a los organismos autónomos encargados de garantizar la rendición de cuentas. Hasta ahí, todo parece coherente con el cargo que ostenta. Sin embargo, un vistazo más profundo revela una contradicción que no pasa desapercibida.
¿Una defensora de la transparencia sin cumplir con los avisos de privacidad?
Lo que resulta sorprendente (y hasta irónico) es que la regidora que ha hecho de la transparencia gubernamental su bandera, no tiene en orden los avisos de privacidad que por ley debería haber publicado en el portal del Ayuntamiento. Este incumplimiento no es menor: se trata de un requisito fundamental para garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos, uno de los pilares de la transparencia que dice defender.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿es realmente un compromiso con el derecho a la información o simplemente un discurso conveniente en un momento políticamente oportuno?
Al momento de escribir este artículo, no se encuentra disponible dicho aviso de privacidad, lo cual puede comprobarse accediendo a este enlace directo o bien intentando acceder manualmente desde el portal de transparencia del Ayuntamiento de Toluca.
Transparencia a medias: el doble discurso en la política local
Cristina Sierra Castillo ha reiterado su compromiso con la ciudadanía y su papel como defensora de los derechos de acceso a la información. No obstante, al no cumplir con las obligaciones mínimas que exige la propia ley —como mantener actualizados y disponibles los avisos de privacidad—, su postura queda expuesta a la crítica pública.
¿Puede alguien hablar de transparencia mientras incumple con sus responsabilidades básicas? ¿O se trata simplemente de un posicionamiento político que busca generar atención mediática?
La ciudadanía exige coherencia, no solo discursos
En un país donde la confianza en las instituciones se encuentra en niveles bajos, la coherencia entre el discurso y las acciones es clave. No basta con oponerse a reformas desde la tribuna; también es necesario dar el ejemplo desde el ejercicio diario del cargo público.
Si Cristina Sierra Castillo quiere consolidarse como una verdadera defensora del acceso a la información, debe empezar por poner en orden su propia casa. Solo así su crítica a las reformas tendrá legitimidad.
Por último, es importante mencionar que no es la única miembro del Cabildo de Toluca que se encuentra en la misma situación, solo que, a diferencia de ella, los demás han preferido mantenerse al margen de la situación.