La segunda síndica de Atizapán denunció que 41 predios del patrimonio municipal permanecen ocupados por particulares, entre ellos tiendas OXXO, Tiendas 3B, escuelas privadas y desarrollos habitacionales.
Denuncian ocupación de 41 predios municipales en Atizapán; señalan que OXXO, Tiendas 3B y desarrollos privados operan en terrenos públicos
Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Una denuncia presentada por la segunda síndica municipal, Leylany Arce Richard, puso bajo la lupa la situación de 41 predios que forman parte del patrimonio del Ayuntamiento, los cuales, según señaló, permanecen ocupados por particulares y son utilizados para actividades comerciales, educativas e inmobiliarias.
La funcionaria afirmó que varios de estos inmuebles, originalmente destinados al patrimonio municipal y al equipamiento urbano, actualmente albergan establecimientos comerciales, instituciones educativas, clubes deportivos, talleres mecánicos y complejos habitacionales.
Veinte terrenos cuentan con escrituras a nombre del Ayuntamiento
Uno de los principales señalamientos es que 20 de los 41 predios cuentan con documentación que acredita legalmente la propiedad del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.
Pese a ello, la síndica aseguró que no se han iniciado acciones legales para recuperar dichos inmuebles, por lo que continúan siendo utilizados por particulares.
Según explicó, esta situación representa una posible afectación al patrimonio público y, en consecuencia, a los bienes que pertenecen a la población del municipio.
¿Quiénes ocupan los predios señalados?
De acuerdo con la denuncia, entre los inmuebles que actualmente operan sobre terrenos municipales se encuentran:
- Tiendas OXXO.
- Tiendas 3B.
- Escuelas privadas.
- Talleres mecánicos.
- Clubes deportivos.
- Torres y desarrollos habitacionales.
La síndica sostiene que estos espacios generan beneficios económicos para particulares, a pesar de que, según la documentación presentada, formarían parte del patrimonio del Ayuntamiento.
Presentan 21 denuncias ante autoridades
Como resultado de auditorías realizadas desde la Sindicatura, Leylany Arce informó que presentó 21 denuncias ante distintas instancias, entre ellas:
- Fiscalía Anticorrupción del Estado de México.
- Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
- Contraloría del Poder Legislativo.
Las investigaciones buscan determinar si existieron posibles responsabilidades administrativas o penales relacionadas con la administración de estos bienes.
Alcalde rechaza las acusaciones
Por su parte, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas negó las acusaciones y sostuvo que los señalamientos tienen un trasfondo político.
El edil afirmó que muchas de las situaciones denunciadas corresponden a administraciones anteriores y que esa información ya había sido documentada durante los procesos oficiales de entrega-recepción.
Asimismo, promovió un procedimiento ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), al considerar que las declaraciones de la síndica constituyen actos de violencia política y difamación.
También denuncian presuntas irregularidades financieras
Además del tema relacionado con los predios, la síndica cuestionó el manejo de recursos públicos y señaló un presunto faltante de 240 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
También expresó dudas sobre diversos contratos de obra pública y sobre la adquisición de un software cuyo costo habría rondado los 2 millones de pesos, asegurando que el sistema nunca funcionó correctamente.
Señala amenazas tras las denuncias
Durante conferencias de prensa, Leylany Arce manifestó haber recibido amenazas dirigidas tanto a ella como a su madre.
Según declaró, las intimidaciones comenzaron después de denunciar presuntas irregularidades relacionadas con predios municipales y desarrollos inmobiliarios en la zona de Lago Esmeralda, las cuales atribuyó a personas presuntamente vinculadas con un supuesto “cártel inmobiliario”.
Hasta el momento, las 21 denuncias continúan en etapa de investigación y corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen elementos para fincar responsabilidades.
El patrimonio público existe para beneficiar a toda la comunidad, no a intereses particulares. Cuando surgen denuncias sobre el uso de bienes municipales, la mejor respuesta siempre será una investigación transparente que permita esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar cualquier irregularidad.
¿Qué tan importante consideras que los ciudadanos conozcan el destino de los bienes y recursos públicos de su municipio para exigir cuentas claras a sus autoridades?
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