La Fiscalía mexiquense abrió una carpeta de investigación contra Jesús Díaz Monteyano. El funcionario permanece en el cargo mientras se indagan los hechos; casi una década atrás ya había sido señalado por una subordinada en Toluca.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación contra Jesús Díaz Monteyano, director de Gobierno por Resultados del Ayuntamiento de Metepec, por una denuncia relacionada con los presuntos delitos de hostigamiento y acoso sexual.
La investigación inició el 1 de septiembre de 2026 ante el Ministerio Público de Metepec. La identidad de la denunciante se mantiene bajo reserva y el expediente identifica a Díaz Monteyano como imputado.
La apertura de una carpeta significa que la autoridad ministerial comenzó a investigar los hechos denunciados. No equivale a una sentencia ni demuestra, por sí misma, la responsabilidad penal del funcionario, quien mantiene vigente su derecho a la presunción de inocencia.
Un funcionario cercano al alcalde
Díaz Monteyano ocupa un puesto de relevancia dentro de la estructura municipal y fue ratificado al inicio de la administración 2025-2027, cuando el Cabildo aprobó su nombramiento junto con el resto del gabinete.
Su posición también adquiere una dimensión política debido a su cercanía con el alcalde Fernando Flores Fernández y con su esposa, Iraí Albarrán. De acuerdo con la información disponible, ambos se refieren a Díaz Monteyano como su “compadre”, aunque no existe confirmación pública de que se trate de un vínculo formal de compadrazgo.
La relación resulta políticamente relevante porque Albarrán ha sido señalada como una de las figuras que buscarían dar continuidad al proyecto político de Flores rumbo a 2027.
Hasta el cierre de esta información, Díaz Monteyano continuaba desempeñando sus funciones dentro del Ayuntamiento de Metepec.
Tampoco se había informado públicamente si la administración municipal tomó medidas preventivas para evitar un eventual contacto entre el funcionario y la denunciante, ni si intervino el Órgano Interno de Control o alguna instancia municipal encargada de atender casos de violencia de género.
Un antecedente que vuelve a poner el foco sobre el funcionario
La actual denuncia no constituye el primer señalamiento público contra Díaz Monteyano.
En 2017, cuando se desempeñaba como encargado de despacho de la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Estadística del Ayuntamiento de Toluca, una subordinada, Sara Patricia Echeverri García, lo señaló por presuntas agresiones físicas y psicológicas, amenazas e intimidación.
De acuerdo con los reportes periodísticos publicados entonces, Echeverri García sostuvo que el funcionario la habría tomado del brazo y llevado hacia la puerta de su oficina, además de acusarlo de amenazarla con utilizar las renuncias del personal bajo su mando.
La entonces funcionaria relacionó el conflicto con su negativa a firmar documentación vinculada con alrededor de mil 800 movimientos presupuestales correspondientes al ejercicio fiscal 2016, que consideraba irregulares.
Regidores del PAN y PRD pidieron en aquel momento que Díaz Monteyano fuera separado temporalmente del cargo mientras se esclarecían los hechos. Sin embargo, el entonces alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales, rechazó retirarlo y planteó que la acusación podría formar parte de una maniobra contra el servidor público.
Aquel episodio fue reportado por medios locales. No existe, en la información disponible para esta publicación, una resolución pública que permita establecer con certeza cómo concluyó aquella denuncia.
Por ello, el antecedente de 2017 tampoco puede presentarse como una condena o como prueba de responsabilidad en el caso actual.
La responsabilidad institucional va más allá de la Fiscalía
La nueva investigación coloca al gobierno de Metepec ante un desafío que no es únicamente jurídico.
La Fiscalía deberá determinar si existen elementos para acreditar los hechos denunciados y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes. Pero mientras eso ocurre, al Ayuntamiento le corresponde garantizar que la denunciante pueda ejercer sus derechos sin presiones y que cualquier procedimiento administrativo se conduzca con imparcialidad.
También surge una pregunta sobre los mecanismos internos de prevención y atención de violencia laboral y de género.
Si un servidor público permanece en funciones mientras enfrenta una investigación, ¿qué medidas adopta la institución para proteger a la persona denunciante y evitar posibles interferencias?
La respuesta no necesariamente implica declarar culpable al funcionario ni prejuzgar sobre la investigación. Significa demostrar que una administración pública cuenta con protocolos capaces de funcionar incluso cuando la persona señalada pertenece al círculo cercano del poder municipal.
El silencio también comunica
Hasta el cierre de esta información, el Ayuntamiento de Metepec no había hecho pública una postura sobre la carpeta de investigación ni informado sobre posibles medidas administrativas.
Tampoco se había dado a conocer si alguna instancia municipal especializada en igualdad de género participa en el caso o si fueron implementadas medidas de protección para la denunciante.
La situación también representa un reto para el PAN, partido al que pertenece el alcalde Fernando Flores. La exigencia de congruencia política no debería depender de si una denuncia afecta a un gobierno propio o a uno de la oposición.
En casos de esta naturaleza, defender la presunción de inocencia y exigir una investigación seria no son posiciones contradictorias. Ambas obligaciones pueden coexistir.
Opinión: ¿qué ocurre cuando la denuncia toca al círculo del poder?
Una denuncia por hostigamiento o acoso sexual no puede convertirse automáticamente en una sentencia pública. Pero tampoco debería perder importancia porque el señalado ocupe un cargo de confianza o tenga cercanía con quienes toman las decisiones.
El verdadero examen para un gobierno comienza precisamente cuando una acusación alcanza a uno de los suyos.
La pregunta para Metepec es inevitable: ¿la administración será capaz de garantizar una investigación imparcial y proteger a la denunciante sin utilizar el poder político para proteger al funcionario?
Y existe otra pregunta todavía más incómoda: si un servidor público ya había sido señalado por conductas graves en el pasado, ¿qué mecanismos existen para que las instituciones no se limiten a archivar los antecedentes y simplemente vuelvan a colocarlo en posiciones de poder?
La Fiscalía tendrá que investigar y determinar responsabilidades. Pero el Ayuntamiento también tendrá que rendir cuentas sobre sus decisiones.
Porque la presunción de inocencia protege al acusado; la obligación de prevenir, investigar y proteger también protege a las víctimas y a las propias instituciones.
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