La Cámara de Diputados concluyó el ciclo nacional de audiencias públicas para la elaboración de la nueva Ley General de Aguas, un proceso que reunió más de 450 propuestas de comunidades, especialistas, organizaciones sociales y sectores productivos. Con este cierre inicia la etapa de análisis y sistematización que dará forma al dictamen final de uno de los marcos jurídicos más esperados del país en materia hídrica.
Participación diversa y demandas clave
Durante las sesiones, se recopilaron propuestas que abarcan desde la operación de sistemas comunitarios hasta la gestión rural, agraria e indígena. Entre las solicitudes más reiteradas destacan:
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Reconocer legalmente a los sistemas comunitarios de agua.
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Proteger derechos ejidales y agrarios.
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Atender la contaminación de ríos y lagos, que supera el 70% a nivel nacional.
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Incorporar la figura de derechos de la naturaleza para ríos, lagos y acuíferos.
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Fortalecer la rectoría del Estado y asegurar el acceso equitativo al agua.
Estas demandas confirman el interés ciudadano en construir un modelo más justo, transparente y eficiente de administración hídrica.
Aportes desde los foros regionales
Las audiencias se dividieron en tres grandes zonas —Centro, Sur y Norte— que permitieron identificar problemáticas particulares y coincidencias estructurales.
Zona Centro: claridad en concesiones y operación técnica
En estados del centro se subrayó la crisis hídrica que viven municipios como Tenancingo. Sectores industriales solicitaron reconocer el reúso de aguas residuales, mientras agricultores pidieron incentivos al ser responsables de tres cuartas partes del consumo nacional. Especialistas insistieron en regular, y no prohibir, las transmisiones de derechos, así como en preservar la labor de los Organismos de Cuenca.
Zona Sur: derechos de la naturaleza y padrones actualizados
En esta región se pidió construir padrones confiables de productores, mejorar los mecanismos de fiscalización y reconocer a los cuerpos de agua como entidades con derechos propios. También se propuso habilitar el reúso potable bajo certificaciones estrictas, una alternativa para hacer frente a la creciente presión hídrica.
Zona Norte: seguridad jurídica y transmisiones de concesiones
Productores y usuarios del norte alertaron que prohibir transmisiones de derechos afectaría a viudas, adultos mayores y pequeños propietarios. Existió también preocupación por la seguridad jurídica de las inversiones y se pidió fortalecer a Conagua, priorizar pozos ganaderos y considerar las condiciones extremas de sequía que caracterizan a la región.
Coincidencias a nivel nacional
Pese a las diferencias regionales, en los tres grupos de trabajo surgieron puntos de acuerdo:
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Garantizar certeza jurídica en el régimen de concesiones.
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Regular —sin prohibir— la transmisión de derechos.
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Reforzar a Conagua y a los Organismos de Cuenca.
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Impulsar el reúso de aguas residuales, incluso para consumo humano bajo estándares estrictos.
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Proteger a pequeños productores, ejidos y comunidades indígenas.
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Establecer mecanismos de consulta vinculados a evaluaciones de impacto ambiental.
La siguiente fase legislativa
La diputada Xóchitl Zagal Ramírez, secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, agradeció la amplia participación social y afirmó que cada aportación será revisada para construir una ley “justa, participativa y orientada al bienestar de quienes menos tienen”.
Con el fin de las audiencias, la Cámara de Diputados inicia la etapa de sistematización y discusión legislativa, en la que se integrará el dictamen final de la nueva Ley General de Aguas.
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