Dos iniciativas legislativas buscan atender la violencia contra las mujeres en el Estado de México: una propone facilitar la nulidad de matrimonios celebrados bajo violencia y otra exige transparentar el dinero destinado a combatir el feminicidio y la desaparición.
Toluca, Estado de México.— La violencia contra las mujeres en el Estado de México no solo se manifiesta en agresiones físicas. También puede expresarse mediante amenazas, control económico, aislamiento y violencia sexual, situaciones que pueden dificultar que una víctima abandone una relación o encuentre justicia.
Frente a este panorama, en el Congreso mexiquense se plantean dos iniciativas para atender distintas dimensiones del problema: facilitar la nulidad de matrimonios celebrados bajo violencia y obligar a los municipios a informar cómo utilizan los recursos destinados a las alertas de género.
La discusión ocurre en una entidad donde las cifras de violencia siguen siendo motivo de preocupación. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, 78.7% de las mujeres de 15 años y más en el Estado de México había experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, uno de los porcentajes más altos del país.
Además, entre enero y agosto de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 32 víctimas de feminicidio en la entidad, que ocupó el segundo lugar nacional en ese periodo.
Las propuestas legislativas buscan responder a esta realidad, aunque su impacto dependerá de su aprobación, aplicación y seguimiento.
Alertas de género: buscan transparentar 260 millones de pesos
Una de las iniciativas fue presentada por Ana Yurixi Leyva Piñón, diputada del Partido del Trabajo y presidenta de la comisión legislativa encargada de dar seguimiento a las alertas de género.
La propuesta plantea reformar la Ley Orgánica Municipal para que los ayuntamientos publiquen, tanto en sus gacetas como en sus páginas oficiales, información sobre los recursos que reciben para atender las alertas, los proyectos que ejecutan y los documentos técnicos que respaldan esas acciones.
Para 2026, el presupuesto estatal contempla 260 millones de pesos destinados a las alertas por feminicidio y desaparición. Sin embargo, la disponibilidad de recursos no permite conocer por sí sola qué acciones se realizaron, cuánto se ejerció ni qué resultados se obtuvieron.
La iniciativa busca que las presidencias municipales y las áreas encargadas de atender a las mujeres difundan información sobre:
- Los montos de recursos recibidos y ejercidos.
- Los proyectos y acciones implementados.
- Las personas beneficiarias.
- Los avances y resultados de cada intervención.
- Los documentos técnicos que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos.
La publicación de estos datos permitiría a familiares de víctimas, colectivas feministas, madres buscadoras, instituciones académicas y órganos de control comparar los compromisos de los municipios con las acciones que efectivamente se llevaron a cabo.
Municipios con avances reportados por debajo de lo esperado
De acuerdo con la información del mecanismo estatal de seguimiento citada por la legisladora, algunos municipios presentan porcentajes de avance limitados en determinadas acciones.
Ecatepec y Cuautitlán Izcalli reportaban cero por ciento de avance en algunas medidas; Ixtapaluca había ejercido 5% de los recursos y Naucalpan registraba 40%.
Estos porcentajes corresponden a los indicadores mencionados en el reporte y no deben interpretarse automáticamente como el avance total de todas las acciones municipales ni como el porcentaje global del presupuesto ejercido.
La falta de información pública desglosada dificulta que la ciudadanía pueda evaluar si el dinero destinado a prevenir y atender la violencia se traduce en refugios, servicios de atención, medidas de protección o acciones eficaces para las mujeres.
Nulidad matrimonial por violencia: una propuesta para las víctimas
La segunda iniciativa plantea facilitar la nulidad de matrimonios celebrados bajo situaciones de violencia.
La propuesta abre una discusión sobre el acceso a la justicia de quienes contrajeron matrimonio en condiciones de violencia y sobre los mecanismos legales que podrían permitirles poner fin a ese vínculo.
Sin embargo, para conocer su alcance será necesario revisar el contenido completo de la iniciativa, los supuestos específicos que contempla y los requisitos que establecería para solicitar la nulidad.
La violencia dentro de una relación puede generar condiciones de dependencia económica, miedo y aislamiento que dificultan a las víctimas tomar decisiones sobre su seguridad y su futuro. Por ello, cualquier modificación legal en esta materia deberá considerar mecanismos que eviten que el procedimiento se convierta en una nueva barrera para quienes buscan protección.
¿Cuánto dinero se necesita y cuánto se está haciendo?
Las dos iniciativas ponen sobre la mesa dos asuntos fundamentales: el acceso a la justicia para las mujeres que enfrentan violencia y la obligación de las autoridades de demostrar qué hacen con los recursos públicos destinados a combatirla.
Después de años de políticas de prevención y de alertas de género, la ciudadanía necesita algo más que anuncios presupuestales o compromisos institucionales. Hace falta información verificable sobre las acciones realizadas, los obstáculos que persisten y los resultados obtenidos.
La transparencia no garantiza por sí sola que disminuyan las agresiones, pero permite identificar omisiones, exigir explicaciones y evaluar si las medidas responden a las necesidades de las víctimas.
La pregunta para los gobiernos municipales y las autoridades estatales es inevitable: si existen recursos destinados a combatir la violencia contra las mujeres, ¿por qué todavía resulta tan difícil conocer con claridad qué se hizo con ellos y qué cambió en la vida de las víctimas?
Y para el Congreso mexiquense: ¿cómo garantizará que estas iniciativas se traduzcan en mecanismos efectivos de protección y justicia, y no se queden únicamente en reformas y obligaciones escritas?
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