El Juez y las Leyes que determinaron la liberación de Rodrigo “N” tras apuñalar 15 veces a su exnovia

Rodrigo
Rodrigo "N" apuñalo 13 veces a una menor por negarse a volver con él, posteriormente un Juez le dio libertad al tratarse de un menor de edad.

El caso de Rodrigo “N”, un joven de 13 años acusado de apuñalar a su exnovia Alondra “N”, también de 13 años, ha conmocionado a la comunidad tras la decisión del juez de dejarlo en libertad.

Según fuentes del Poder Judicial, el juez Héctor González Estrada argumentó que Rodrigo “no es sujeto de la ley” debido a su edad, privilegiando así el “interés superior de la infancia”.

El ataque tuvo lugar el 17 de abril a las 17:50 horas en la colonia Iztapalapa, cerca del hogar de la víctima. Rodrigo, quien no había asistido a la escuela por dos días, esperó a Alondra a la salida del Liceo Emperadores Aztecas. A pesar de que Alondra terminó su relación debido a las actitudes agresivas de Rodrigo, él la siguió y la atacó con un cuchillo, apuñalándola 15 veces.

Vecinos del área intervinieron para detener la agresión, lo cual, según relata la madre de Alondra, fue crucial para salvar la vida de su hija. Posteriormente, Alondra fue trasladada a un hospital en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se recupera de las heridas.

Juez que Liberó al Agresor

Héctor González Estrada, el juez a cargo del caso, es un destacado jurista con una amplia carrera en el ámbito de la justicia para adolescentes. Es licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con especialidades en Prevención del Delito y Derechos Humanos, entre otros. Desde 1997 ha sido catedrático y ha ocupado varios cargos importantes relacionados con la justicia juvenil.

Héctor González Estrada es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Prevención del Delito y Derechos Humanos, así como en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores. Maestro en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios.
Héctor González Estrada es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Prevención del Delito y Derechos Humanos, así como en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores. Maestro en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios.

Marco Legal: Ley Federal de Justicia para Adolescentes

La decisión del juez se basó en la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que establece claramente:

“La niña o niño menor de doce años de edad a quien se le atribuya una conducta tipificada como delito quedará exento de toda responsabilidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a las que haya lugar.”

Además, la ley menciona:

“Si los derechos de la persona menor de doce años a quien se atribuye la comisión de un delito se encuentran amenazados o vulnerados, la autoridad competente podrá remitir el caso a las instituciones públicas o privadas responsables de la protección de los derechos del niño o de la niña.”

Reacción de la Escuela y la Comunidad

Tras el incidente, el Liceo Emperadores Aztecas emitió un comunicado pidiendo discreción para no entorpecer la investigación. Sin embargo, ha habido críticas hacia la institución por su supuesta protección hacia Rodrigo y por no actuar de manera preventiva a pesar de conocer la situación de violencia en la relación.

Capturas de pantalla del usuario de Facebook
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¿Qué Sigue para Rodrigo “N”?

A pesar de su liberación, el futuro de Rodrigo sigue siendo incierto. Los debates continúan sobre cómo el sistema legal debe manejar estos casos delicados y la necesidad de revisar las leyes para proteger mejor a las víctimas mientras se consideran los derechos de los menores agresores.

El Dilema de la Justicia para Menores y la Protección de las Víctimas

El caso de Rodrigo “N” pone de manifiesto un dilema profundo en el sistema de justicia para menores: la protección de los derechos de los jóvenes delincuentes a menudo puede percibirse como una falta de justicia para las víctimas. Las leyes diseñadas para proteger a los menores de las consecuencias de acciones que tal vez no comprendan completamente son, sin duda, fundamentales para un sistema de justicia compasivo y educativo. Sin embargo, cuando estos menores cometen actos de violencia severa, la comunidad y las víctimas pueden sentir que la justicia no ha sido servida.

Este caso subraya la necesidad urgente de equilibrar dos aspectos críticos: proteger los derechos de los menores que están en un proceso de desarrollo y aprendizaje, y asegurar que las víctimas de sus crímenes reciban la justicia y el apoyo que merecen. No es solo cuestión de penalizar, sino de encontrar medios efectivos de rehabilitación para los jóvenes delincuentes que les ayuden a reformar sus comportamientos, al tiempo que se proporciona un recurso efectivo y apoyo continuo a las víctimas de sus actos.