En un contexto de creciente incertidumbre política, las empresas estadounidenses en México han decidido frenar sus anuncios de inversión en el país. Esta medida se debe a las posibles implicaciones de las reformas judiciales que están siendo discutidas en el Congreso mexicano. Las reformas propuestas incluyen la elección de jueces por voto popular y la desaparición de órganos reguladores autónomos, lo que ha generado preocupación entre los inversores extranjeros.
Larry Rubín, presidente de la American Society of México (Amsoc), reveló a la agencia de noticias EFE que, ante las circunstancias actuales, la comunidad empresarial estadounidense ha optado por no anunciar las inversiones previstas hasta que se analice el impacto de las reformas en la certeza jurídica del país. En el marco de la “Tercera Convención Bilateral: un nuevo futuro compartido”, celebrada en la Ciudad de México, Rubín destacó que estas decisiones se están revisando internamente en la Amsoc junto a un grupo de expertos estadounidenses. Sin embargo, no se han revelado cifras concretas sobre las inversiones detenidas.
El líder empresarial también mencionó que una de las dos campañas presidenciales en Estados Unidos ha expresado su preocupación respecto a los efectos potenciales de estas reformas en la política interna de México. “Una de las dos campañas presidenciales de Estados Unidos nos ha expresado gran preocupación por el impacto de una reforma tan importante como la judicial y la de órganos autónomos”, comentó Rubín.
Durante la inauguración de la convención, Rubín hizo un llamado al Congreso mexicano para que no legisle “al vapor” estas reformas, ya que podrían dañar la relación bilateral entre México y Estados Unidos, así como tener repercusiones económicas significativas para ambos países. “Es esencial que cualquier reforma de esta magnitud se lleve a cabo con sumo cuidado, se estudie en profundidad, no se haga legislación al vapor y verdaderamente se involucre a todos los actores”, enfatizó.
Rubín subrayó que este es un punto de discusión crucial para la relación bilateral con el principal socio comercial de México y en el contexto de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Por eso solicitamos al Congreso que tomen en consideración la voz de la inversión más importante de este país, que es la inversión de Estados Unidos en México”, agregó.
El líder de la iniciativa privada estadounidense en México insistió en que es imperativo que estas reformas sean abordadas en el Congreso con la seriedad y reflexión que merecen. Advirtió que tanto estadounidenses como mexicanos no son ajenos a los cambios jurídicos y políticos que ocurren en ambos países, y que estas modificaciones legales son “cambios vitales” que afectan tanto la política interna como la relación comercial con su socio en Norteamérica.
Rubín expresó su apoyo a una reforma judicial en México, coincidiendo con el embajador estadounidense en México, Ken Salazar. Sin embargo, manifestó su preocupación por la elección de jueces mediante el voto popular, argumentando que esta medida podría no abordar adecuadamente problemas como la corrupción o fortalecer la institucionalidad del sistema judicial.
La International Chamber of Commerce (ICC) y su capítulo mexicano también han instado al Congreso a actuar con cautela en la discusión de estas reformas, advirtiendo que podrían violar el derecho internacional y llevar a sanciones económicas que tendrían que ser cubiertas con los impuestos de los contribuyentes mexicanos. Por su parte, las embajadas de Estados Unidos y Canadá han manifestado su preocupación ante el posible impacto negativo en la inversión privada y los tratados comerciales.
En conclusión, la actual situación refleja un momento de incertidumbre para las relaciones entre México y Estados Unidos, con importantes implicaciones económicas y políticas. Las reformas judiciales y la desaparición de órganos autónomos propuestos por el Congreso mexicano han generado dudas entre los inversionistas estadounidenses, quienes demandan un análisis exhaustivo y una discusión pausada para evitar posibles consecuencias negativas para ambas naciones. La inversión extranjera en México, especialmente la proveniente de Estados Unidos, es crucial para la economía del país, y cualquier medida legislativa que afecte esta inversión debe ser cuidadosamente considerada.
