Toluca, Estado de México.- Una exfuncionaria municipal del Valle de Toluca fue sentenciada por un caso relacionado con abuso de autoridad, luego de que autoridades judiciales determinaran responsabilidades derivadas de un hecho ocurrido durante su gestión pública. La resolución incluye una pena de prisión y el pago de una compensación económica a la víctima.
El caso generó atención pública debido a que los hechos ocurrieron dentro de instalaciones gubernamentales y estuvieron relacionados con una presunta agresión hacia una servidora pública.
Fiscalía concluye proceso judicial
De acuerdo con información difundida por autoridades estatales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró obtener una sentencia condenatoria en contra de Selene Hernández Herrera, exalcaldesa de Capulhuac.
La resolución judicial establece una pena de cinco años de prisión por el delito de abuso de autoridad, además de medidas relacionadas con la reparación del daño ocasionado.
Las investigaciones permitieron integrar pruebas y elementos que fueron considerados dentro del proceso legal para emitir la resolución correspondiente.
Hechos ocurrieron dentro del ayuntamiento
El caso se originó tras un incidente ocurrido en 2025 dentro de instalaciones municipales, donde una trabajadora vinculada al sistema DIF habría sido víctima de una agresión.
A partir de la denuncia y las investigaciones posteriores, autoridades ministeriales iniciaron el procedimiento legal que derivó en la judicialización del asunto y posteriormente en una sentencia.
También deberá cubrir una compensación económica
Además de la sanción privativa de libertad, la resolución contempla un pago económico como parte de la reparación del daño a favor de la víctima.
Especialistas en temas jurídicos señalan que este tipo de medidas buscan garantizar mecanismos de justicia integral para las personas afectadas y establecer consecuencias legales cuando existen responsabilidades acreditadas.
Casos de servidores públicos bajo investigación aumentan atención social
En los últimos años, distintos procesos judiciales relacionados con servidores y exservidores públicos han generado mayor interés ciudadano, particularmente en temas vinculados con responsabilidad institucional y conductas cometidas durante funciones gubernamentales.
Las autoridades estatales señalaron que continuarán aplicando procedimientos conforme a derecho en casos donde existan denuncias e investigaciones en curso.
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