El exmandatario de Baja California fue llevado a instalaciones de la Fiscalía General de la República para responder a una investigación por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal. Hasta el momento, las autoridades no han informado una resolución judicial definitiva sobre el caso.
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El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue presentado ante instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en esa entidad como parte de una investigación por su presunta relación con delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal, de acuerdo con información difundida en distintos reportes.
La diligencia ha generado una fuerte reacción en el ámbito político, debido a que Ruffo es una figura histórica del Partido Acción Nacional (PAN) y fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México.
¿De qué se le investiga?
Según los reportes conocidos hasta ahora, la investigación estaría relacionada con un presunto esquema de huachicol fiscal, una modalidad que consiste en la importación, comercialización o manejo irregular de combustibles mediante evasión de impuestos, falsificación de documentos o simulación de operaciones comerciales.
Además, la carpeta de investigación incluye señalamientos por presunta delincuencia organizada. No obstante, hasta el momento las autoridades federales no han dado a conocer públicamente los detalles completos del expediente ni una resolución judicial sobre su situación legal.
Figura histórica del PAN
Ernesto Ruffo Appel es considerado uno de los personajes más representativos del PAN, luego de convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en derrotar al PRI en una elección estatal.
En años recientes también participó en actividades políticas nacionales y fue identificado como uno de los perfiles cercanos a la coalición opositora durante el proceso electoral de 2024.
Investigación continúa
Hasta el cierre de esta información, no existe un pronunciamiento oficial que confirme una sentencia o responsabilidad penal en contra del exgobernador.
Será la Fiscalía General de la República y, en su caso, las autoridades judiciales competentes quienes determinen el curso de la investigación y definan si existen elementos suficientes para ejercer acción penal o formular imputaciones formales.
El caso vuelve a colocar el tema del combate al huachicol fiscal en el centro del debate nacional, un delito que las autoridades federales han señalado como una de las principales formas de evasión fiscal y comercial vinculada al mercado ilegal de combustibles.
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